Secretaría de Seguridad de Bogotá pide sanciones a convocantes de marchas pro Palestina y admite fallas en cámaras de vigilancia

El secretario explicó que las jornadas de limpieza posteriores a las marchas son asumidas por trabajadores del Distrito. “Hoy estarán trabajando la Dirección de Patrimonio, los defensores del espacio público y los gestores de seguridad y convivencia en la limpieza”, indicó. Añadió que quienes convocan “quieren hacer creer que las ciudades están en caos y que los gobiernos locales son incapaces de ejercer el control”.

Restrepo sostuvo que las marchas no siempre cuentan con la debida planeación. “Una marcha debería tener una estructura de planeación”, dijo. Recordó que el derecho a la protesta debe coexistir con el derecho de quienes no participan en ella. Según el funcionario, las pintadas y daños al espacio público “son una agresión que está amparada” y deberían tener sanciones más claras en la ley. “Esas pintadas tienen lenguajes que invitan a la violencia”, afirmó.

El secretario agregó que en su criterio el régimen jurídico debería incluir sanciones más estrictas para los responsables de estas conductas. “Eso ya per se debería ser una prohibición taxativa y adicionalmente responsabilidad de quienes convocan a esas protestas”, manifestó. Restrepo insistió en que el daño al espacio público no puede quedar sin consecuencias, pues implica una agresión directa a la convivencia ciudadana.

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Frente a la propuesta del entrevistador de invitar a los convocantes a limpiar los daños, Restrepo anticipó que “la respuesta será que los que pintaron no fueron los que invitaron”. Aseguró que este tipo de hechos colapsan la ciudad y afectan los derechos de los demás ciudadanos. “Estas convocatorias a marchas se volvieron como un juego”, expresó. “Colapsan una ciudad y ponen por debajo los derechos del resto de los ciudadanos”.

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El secretario también respondió a una inquietud sobre la denuncia del personero de Bogotá, Andrés Castro, respecto al porcentaje de cámaras de seguridad inoperativas en localidades como Kennedy y Ciudad Bolívar. Restrepo reconoció que el problema tiene causas técnicas relacionadas con la infraestructura de conectividad. “El sistema de videovigilancia se expandió, pero no se expandieron las redes ni los sistemas de soporte”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, cerca del 30% al 35% de las cámaras presentan desconexión. “A veces logramos 27, pero las redes de soporte siguen siendo débiles”, dijo. Agregó que la Alcaldía trabaja en reemplazar el sistema de alumbrado público para mejorar la conectividad, usando postes con capacidad Wi-Fi de respaldo. “Estamos implementando tarjetas LTE, microondas y tecnología Starlink para hacer más sostenible el trabajo de las cámaras”, sostuvo.

Restrepo señaló que uno de los objetivos principales es “darle sostenibilidad a todos los sistemas tecnológicos que se vayan incorporando en la ciudad”. Mencionó que este trabajo se adelanta en conjunto con empresas como la ETB, buscando fortalecer la red de soporte. “Aquí hay unas razones de infraestructura técnica que hacen que eso sea un reto muy grande”, puntualizó.

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Finalmente, al ser consultado sobre una denuncia del concejal Briseño sobre la presunta vinculación de un contratista del Gobierno nacional con hechos de violencia en las marchas, Restrepo manifestó que la persona en cuestión “tiene contratos con la Presidencia de la República y ha hecho evidente activismo público”. Subrayó que “una convocatoria de multitudes en las calles debería tener una responsabilidad asociada y no ser un acto irresponsable”.