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La Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) fijó su posición frente al decreto del Gobierno nacional que establece el salario mínimo para 2026, y señaló preocupaciones sobre el sustento técnico, el procedimiento y los efectos económicos de la medida. La organización expuso que el incremento fue definido con base en referencias a estudios de la Organización Internacional del Trabajo y al concepto constitucional de remuneración mínima vital.
Según la federación, los estudios de la OIT indican que la fijación del salario mínimo debe considerar tanto las necesidades de los trabajadores como variables económicas como la capacidad de pago de las empresas, la productividad, el crecimiento económico, el empleo y la informalidad. En su respuesta al Gobierno, Fedetranscarga sostiene que estos factores no habrían sido tenidos en cuenta de manera integral en la decisión adoptada.
Cuestionamientos al procedimiento del Gobierno
Fedetranscarga manifestó que el aumento del salario mínimo plantea dudas sobre el procedimiento utilizado por el Ejecutivo, al considerar que la definición de la remuneración mínima vital corresponde al ámbito legislativo. En ese sentido, señaló que el Gobierno introdujo el concepto de ingreso mínimo vital sin que este fuera discutido en el escenario institucional previsto para la concertación salarial.
La federación indicó que esta discusión no se dio en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales, instancia tripartita en la que deben participar trabajadores, empleadores y el Gobierno. Desde su perspectiva, la ausencia de este espacio en la definición del incremento salarial constituye uno de los principales puntos de su respuesta frente a la actuación gubernamental.
¿Qué impactos tendría la medida según Fedetranscarga?
En su pronunciamiento, Fedetranscarga advirtió que el incremento del 23,78 % del salario mínimo para 2026 no estaría alineado con la productividad ni con la inflación del año 2025. De acuerdo con la federación, esta situación podría generar efectos sobre el empleo formal y elevar las barreras de ingreso al mercado laboral.
El gremio explicó que en el sector transporte de carga los salarios de los conductores representan el 17,5% de la estructura de costos, y que el costo mensual de un trabajador que devenga salario mínimo aumentará de forma considerable a partir de enero de 2026. Este ajuste, según la federación, impactará directamente los costos operativos de las empresas del sector.
Efectos sobre empresas y finanzas públicas
Fedetranscarga señaló que más del 80% del tejido empresarial colombiano está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales enfrentarían mayores dificultades para sostener sus nóminas tras el incremento salarial. En su respuesta al Gobierno, el gremio advirtió que esta situación podría comprometer la sostenibilidad financiera de las compañías.
La federación también hizo referencia al impacto fiscal del aumento, al indicar que cada punto porcentual adicional del salario mínimo implica un mayor desembolso del Estado en nóminas y pensiones. En ese contexto, señaló que el incremento decretado se da en un escenario de déficit fiscal y podría incidir en el aumento de precios, las tasas de interés y la competitividad de la economía nacional.
