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Tras varias e intensas reuniones entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá para establecer un protocolo para las protestas y manifestaciones, además de la intervención de Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), acordaron pedirle al Tribunal Administrativo de Cundinamarca una aclaración sobre las medidas exigidas a corto, mediano y largo plazo.
En una carta conjunta le pedirán un plazo de hasta 60 días al Tribunal para presentar dichos protocolos, ya que, según fuentes consultadas por RCN Radio, "es muy poco el tiempo que se dio para ultimar detalles de las medidas exigidas por la magistrada Nelly Villamizar".
En el borrador del protocolo conjunto ya hay acuerdos en puntos como el que señala que los funcionarios de la Policía, que intervienen en los servicios de acompañamiento, prevención e intervención en manifestaciones pacíficas, no portarán armas de fuego.
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Otro punto acordado es el que dice que sí se le entregará al Tribunal la relatoría exigida en la que se detallarán uno a uno los hechos ocurridos durante las protestas en Bogotá, en donde 10 personas fallecieron nueve de ellas por armas de fuego.
Sin embargo, aún sigue el tire y afloje por la prohibición de las capuchas en las manifestaciones, al igual que una póliza de seguro de responsabilidad extra contractual con la que se obligaría a contratar a los organizadores de las manifestaciones.
En el borrador del protocolo en el que se trabaja, se busca que “la intervención del grupo especializado antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, será ordenada exclusivamente por los comandantes de región, metropolitana y departamento de Policía. En los casos en que el grupo especializado antidisturbios se encuentre a órdenes del jefe del servicio, éste solicitará al Comandante de Unidad la autorización para su intervención”.
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Entretanto, a los agentes del Esmad se les autorizarían armas “mecánicas cinéticas, agentes químicos, armas acústicas y lumínicas dispositivos de control eléctrico y auxiliares”.
