Distrito acató medidas cautelares del Tribunal sobre movilizaciones del paro

Después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitiera una medida cautelar de urgencia para dejar sin efecto los permisos concedidos por las alcaldías de municipios, incluyendo el Distrito Capital, para las manifestaciones que se llevarán a cabo este miércoles 28 de febrero y el sábado 1 de mayo, la Alcaldía de Bogotá, a través de su portal web, publicó el auto del Tribunal y un mensaje para informar que se acata la decisión.

"A fin de dar cumplimiento al auto del día de hoy, proferido por la magistrada Nelly Villamizar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se procede a hacer pública la presente decisión", señaló el Distrito en su página oficial.

Le puede interesar: Llegó a Colombia un lote de un millón de vacunas de Sinovac

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, aclaró que la Alcaldía de Bogotá no otorga permisos para marchas, aunque informó que no se permitirá que los manifestantes instalen una tarima en la Plaza de Bolívar.

En el auto, el Tribunal dice que las marchas solo se pueden reactivar hasta que el país alcance la inmunidad de rebaño, debido al riesgo por contagio y la alta ocupación en las UCI.

Sin embargo, según el fallo, el objetivo no es limitar el derecho a la protesta. Por eso, les pide a los convocantes usar medios tecnológicos para protestar de forma virtual. Además, les ordena a las autoridades brindar las herramientas para que así se haga: "De la misma manera, las autoridades públicas involucradas deberán programar las diferentes reuniones virtuales para que dichos manifestantes sean oídos, mientras se supera este estado de emergencia económica, social y ecológica".

El Tribunal dice que este fallo "no constituye una limitación ni restricciones" al derecho ciudadano de concentrarse y manifestarse. Según la decisión, lo que se busca es "impedir la agravación del daño por expansión de la pandemia".

Lea también: Tribunal ordena aplazar marchas del miércoles 28 de abril

"(...) el derecho a manifestarse en las vías públicas para hacerse oír de las autoridades investidas (...), lejos de alcanzar de manera inmediata tales propósitos de impartición de una justicia social equitativa, lo que provocará es la muerte de muchas personas de las familias y demás del grupo social con los que los manifestantes comparten y trabajan".