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La Contraloría de Bogotá encendió las alertas sobre la licitación de TransMilenio para la compra de 613 buses eléctricos.
En una carta dirigida a la gerente de la entidad, María Fernanda Ortiz, el ente de control fiscal solicitó información detallada sobre el proceso licitatorio, los estudios técnicos realizados y las condiciones impuestas, con el objetivo de evitar posibles beneficios exclusivos a ciertos proveedores.
La misiva, conocida por RCN Radio, expuso 17 puntos clave sobre el proceso. Entre las solicitudes destacaron la entrega del cronograma de la licitación, los estudios que definieron la cantidad de buses a adquirir y las razones detrás de la decisión de optar exclusivamente por tecnología de cero emisiones, excluyendo otras opciones como Euro VI o gas natural vehicular.
La Contraloría también pidió explicaciones sobre la infraestructura para la carga eléctrica, señalando inquietudes respecto a la capacidad actual y futura del sistema energético de la ciudad.
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Particular énfasis recayó en los patios de recarga ubicados en Soacha y la calle Sexta, originalmente diseñados para operar con buses diésel o a gas, que ahora enfrentarían modificaciones para adaptarse a las nuevas condiciones.
Además, el organismo cuestionó la ausencia de experiencia en Bogotá sobre el uso de buses eléctricos de gran capacidad, como los articulados y biarticulados, lo que podría afectar la idoneidad de la tecnología en el sistema.
Solicitó certificaciones que demuestren la efectividad de estos vehículos en contextos similares al de la capital, considerando las exigencias topográficas y de uso intensivo de TransMilenio.
Otro punto crítico fue el impacto financiero de la transición hacia buses eléctricos. La Contraloría indagó sobre cómo la entidad planea mitigar costos más altos derivados de esta decisión, en un contexto donde el Fondo de Estabilización Tarifaria ya enfrenta un déficit superior a tres billones de pesos.
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También exigió detalles sobre los análisis económicos que sustenten la sostenibilidad del proyecto y su efecto en la tarifa al usuario.
El ente de control solicitó, además, información sobre la proyección de costos de infraestructura, el número de cargadores necesarios y cómo se garantizará la eficiencia presupuestal en las modificaciones necesarias para el funcionamiento de la flota.
Por el momento, TransMilenio no emite una respuesta oficial frente a los cuestionamientos. La Contraloría otorgó un plazo de tres días hábiles para recibir la información requerida y advirtió sobre la importancia de garantizar la transparencia y la libre competencia en un proceso de esta magnitud.
