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Centenares de indígenas emberá llegaron el lunes a Bogotá en busca de mejores condiciones de vida, solicitando una distribución más justa de la tierra, así como garantías en el acceso a salud y educación.
Esta movilización generó una respuesta por parte de las autoridades, que ya evalúan vías jurídicas para asegurar el cumplimiento de sus derechos fundamentales.
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Desde la Unidad para las Víctimas se aseguró que la responsabilidad en la protección de los derechos de los pueblos indígenas recae sobre los diferentes niveles de gobierno, tanto a nivel nacional como local.
Lilia Solano, directora de la entidad, afirmó que "nos compete cumplir los derechos fundamentales, pero le compete a todos los gobernantes, a los nacionales, departamentales, municipales y locales".
¿Qué hacer?
En este sentido, destacó que la paz en Colombia solo será posible cuando se logre garantizar un lugar digno para todos, sin que nadie sea desplazado o vulnerado por su condición de pobreza, indígena o raizal.
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Además, Solano remarcó que, junto a los procesos de retorno y reubicación, debe avanzarse en la integración de las comunidades indígenas en la sociedad.
"¿Quiénes deben adelantar la reintegración? Pues los gobiernos locales", indicó la directora de la Unidad de Víctimas, subrayando que la responsabilidad de integrar a las comunidades desplazadas recae principalmente en los gobiernos de los territorios donde se encuentran.
En respuesta a la situación, la Unidad de Víctimas también evaluó la posibilidad de emprender acciones legales. Néstor Osuna, asesor de la directora, comentó que se están analizando las opciones para forzar a las autoridades a cumplir con sus obligaciones a través de una acción de cumplimiento.
¿Racismo?
"Estamos evaluando esta posibilidad, teniendo en cuenta que las responsabilidades son compartidas", señaló Osuna.
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Además de las acciones para garantizar los derechos de los emberá, la Unidad también está considerando presentar denuncias por actos de racismo y hostigamiento que pudieran surgir durante el proceso de integración.
"Si es necesario, podríamos acudir a vías penales, específicamente al delito de racismo y hostigamiento", indicó Osuna, quien aclaró que las medidas se tomarían contra aquellos responsables de estos actos discriminatorios.
