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La secretaría de Ambiente de Bogotá realizó la liberación de 103 aves silvestres que eran comercializadas como mascotas en la ciudad de Bogotá de manera ilegal.
Estos animales se suman a los 170 que ya fueron dejadas en libertad en los pasados meses en espacios naturales de los departamentos de Bolívar, Cundinamarca, Caldas y Antioquia.
Par ello, fue necesario realizar un recorrido de 1.250 kilómetros entre Bogotá y Barú, donde se realizó de manera exitosa la reubicación de los animales en su entorno natural
“Emprendimos esta travesía para llegar hasta Barú, en coordinación con la Corporación Autónoma del Canal del Dique (Cardique) y liberar a estas aves que tenían como destino la comercialización y tráfico ilegal por parte de personas inescrupulosas que creen que pueden ser usadas como mascotas”, explicó el subsecretario de Ambiente, Óscar López.
Las aves liberadas fueron: tres loras frentirojas, dos cotorras carisucias, seis loros cabeciazul, dos pericos frente escarlata, 21 loras alianaranjada, 48 loras real y 21 pericos bronceados. Todas estas especies fueron incautadas a traficantes que buscaban lucrarse con su venta en el mercado ilegal de fauna silvestre en la capital de la República.
Para ser liberadas fue necesario u trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente y el Instituto de Protección y Bienestar Animal, quienes iniciaron un proceso de rehabilitación de las especies por medio de expertos como veterinarios, biólogos y zootecnistas.
Las aves se encontraban en malas condiciones de salud, por lo que ahora en su hábitat natural podrán iniciar el proceso de recuperación de su plumaje y mejorar su nutrición.
La recuperación de los especímenes se realiza en los lugares que han sido identificados como focos de tráfico de fauna, como las plazas de mercado y las terminales de transporte.
De esta forma se adelantan operativos como el de la semana pasada, en el que fueron incautadas 19 aves en una casa en la localidad de Usaquén. Comercializar con fauna silvestre puede derivar en penas de hasta 9 años de cárcel y multas que pueden llegar hasta los 3.600 millones de pesos.
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