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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió investigación administrativa contra los cuatro operadores móviles más grandes del país —Tigo, Claro, Movistar y WOM—, por presuntas irregularidades en el proceso de reposición de tarjetas SIM, lo que podría derivar en sanciones de hasta 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV) para cada compañía.
Según la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, las empresas habrían incurrido en fallas relacionadas con la verificación de identidad de los titulares del servicio.
“Se identificaron casos en los que se permitió el intercambio de SIM sin la debida autorización del usuario, práctica conocida como SIM Swapping”, señaló la entidad.
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La entidad advirtió que los operadores no habrían implementado mecanismos tecnológicos adecuados ni controles periódicos que garantizaran la seguridad del proceso. Según el organismo, además “no ofrecieron respuestas claras y suficientes a los usuarios que reportaron reposiciones no autorizadas”.
El proceso avanza en etapa de investigación y las compañías disponen de quince días hábiles para ejercer su derecho de defensa y contradicción. Las resoluciones mediante las cuales se formularon los cargos no admiten recursos, al tratarse de actos de trámite.
Riesgo de fraude y advertencia internacional
La SIC recordó que este tipo de fallas en los procedimientos de seguridad expone a los usuarios a fraudes financieros. En un informe de 2024, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) describió el SIM Swapping como una técnica que “consiste en engañar a un proveedor de telecomunicaciones para que transfiera el número de teléfono de la víctima a una tarjeta SIM en poder del delincuente”.
Según ese documento, esta maniobra permite a los estafadores “eludir los sistemas de autenticación de dos factores” y acceder a cuentas financieras o personales de las víctimas.
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La Superintendencia subrayó que la investigación busca reforzar los controles del sector y proteger los derechos de los usuarios. “Estas decisiones apuntan a prevenir que se repitan prácticas que puedan poner en riesgo la información y los recursos de los ciudadanos”, puntualizó la entidad.
