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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra nueve agentes de mercado y once personas naturales por posibles prácticas anticompetitivas en procesos de contratación adelantados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Las investigaciones corresponden a contratos de arrendamiento de vehículos blindados realizados entre 2015 y 2024, con un presupuesto total de 3 billones de pesos.
La entidad inició esta acción tras denuncias recibidas de un agente competidor y de la propia UNP. Luego de una investigación preliminar, se encontraron indicios que señalarían la existencia de un acuerdo colusorio en al menos 21 procesos de selección.
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Según la SIC, empresas como Neostar Seguridad de Colombia Ltda., GMW Security Rent a Car Ltda., Blinsecurity de Colombia Ltda., Vehículos Blindados de Colombia Ltda., Alliance Security Rent Car Ltda., M.I. Blindajes Ltda., Vector Ltda. Alquiler de Vehículos Blindados, Nacional Rent Car Ltda. y Arrendadora de Vehículos Blindados Armati Ltda, habrían realizado prácticas que podrían violar el régimen de libre competencia económica.
La investigación detalla que los presuntos acuerdos colusorios se evidencian en varios comportamientos. Entre ellos, se menciona la práctica de “abstenerse de presentar oferta en zonas distintas a las repartidas” para evitar competencia entre los involucrados.
También se identificó que los oferentes presentaron “propuestas económicas iguales o muy cercanas a los precios techo establecidos por la Entidad”, lo que habría limitado una competencia efectiva.
Otro indicio de colusión es la “coordinación para presentar observaciones o no presentar propuestas” con el fin de presionar a la UNP en aspectos específicos del proceso. Además, la SIC señala que hubo “coordinación entre los agentes incluso durante la ejecución de los contratos”.
Entre las personas naturales investigadas se encuentran Alan Perlman Katz, Jorge Arturo Moreno Ojeda, Alejandro Salvino Caicedo, Aldo Salvino Caicedo, Luis Wilson González Cárdenas, Alexander Díaz Díaz, Jorge Alfredo Cabal Castellanos, Julio César Salas Triana, María Isabel Almeida, Odilia Cecilia Chavarrio Martínez y Ricardo Garrido Cantor, quienes habrían participado en las conductas investigadas.
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La SIC subrayó que estas acciones buscan garantizar que los procesos de contratación estatal se desarrollen de manera “transparente”, fomentando la “selección objetiva y la libre competencia”. Además, resaltó que combatir las prácticas anticompetitivas es fundamental para evitar que la corrupción afecte la asignación de recursos públicos.
