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Las Asociaciones de usuarios de Compensar EPS, Asucom, Nueva EPS Nacional y Famisanar, además de la organización Pacientes Colombia, que reúnen a 15,5 millones de usuarios, denunciaron que siguen sin ser tenidos en cuenta en la discusión de la reforma a la salud en el Congreso de la República.
Las entidades calificaron la iniciativa como un salto al vacío para los pacientes y usuarios que aseguran no conocer cuánto costará ni cómo se financiará la reforma a la salud que lidera el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
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“En Colombia somos cerca de 50 millones de usuarios, y si la reforma que se propone busca mejorar la garantía del derecho a la salud, resulta incomprensible la falta de participación efectiva con los usuarios y pacientes, tanto en el Congreso de la República, como en las actividades que adelanta el Ministerio de Salud para elaborar la reforma”, afirmaros los voceros de usuarios y Pacientes Colombia.
Destacaron que, en una carta dirigida al defensor del Pueblo, la Corte Constitucional, al Ministro de Salud y al Congreso de la República, con copia a la Procuraduría General de la Nación, las asociaciones expusieron sus inquietudes y exigieron una mayor participación en el proceso legislativo.
Además, solicitaron tener una explicación clara sobre el financiamiento del nuevo sistema de salud propuesto en el articulado.
“Los voceros de estas asociaciones afirman, que, hasta la fecha, su derecho a ser escuchados ha sido vulnerado y su participación se ha reducido a exposiciones breves de algunas sus principales inquietudes”, afirmaron.
De forma conjunta indicaron que es importante que el gobierno tenga en cuenta unas banderas rojas que son importantes para los pacientes y usuarios.
1. Derecho a la libertad de elección: No es claro cómo se respetará la garantía fundamental a la libertad de elección, ya que tendremos que estar adscritos a un CAPS, según nuestro lugar de vivienda o de trabajo. Es decir, no podremos elegir el prestador que nos genera mayor confianza.
2. Fragmentación en la atención y ruta del usuario: "No es claro cómo se garantizará la integralidad del servicio. Según lo establecido, la puerta de entrada al sistema se realizará en los CAPS, quienes tendrán un nivel básico de complejidad y los demás niveles serán manejados por las entidades denominadas Gestoras de Vida. Sin embargo, se trata de dos escenarios muy distintos, con entidades y actores diferentes. No hay claridad acerca de la continuidad, calidad y oportunidad de la atención entre CAPS y Gestoras de Salud para lograr la resolución eficaz de las causas que originan las diferentes patologías", se indicó.
“La fragmentación en la atención es una amenaza que pone más barreras de acceso y podría ocasionar un aumento en el riesgo de enfermarse y morir por falta de integralidad oportuna, procesos que han mejorado bajo el sistema actual”, afirmaron los voceros de los pacientes y usuarios.
3. Financiamiento del sistema: Los usuarios y pacientes demandan una explicación detallada sobre cómo se financiará y asegurará el nuevo sistema de salud, entre otras: la construcción de CAPS, la implementación de un sistema robusto de información en salud integrado e interoperable, la implementación de un plan de saneamiento necesario en los territorios y básico para el éxito de la mejora en salud, la puesta en marcha de la política de medicamentos, entre otros.
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Aunque en el Congreso se ha manifestado que no es necesario contar con el financiamiento, consideramos que, al ser una apuesta tan grande, su implementación implica el uso de recursos que deben estar garantizados con anterioridad. Pasar a un nuevo sistema sin conocer cuánto costará ni cómo se financia, será dar un salto al vacío en la protección del derecho a la salud.
“Nos preocupa no solo la financiación de la reforma sino lo que desde ya está sucediendo en ese sentido. Si el Gobierno no pone a disposición los recursos necesarios para darle liquidez al sistema de salud, el apagón en salud significará que cada día sean más evidentes las demoras en la asignación de citas médicas, las dificultades en la programación de cirugías, en la disponibilidad de camas hospitalarias y en el suministro de medicamentos. Están en riesgo las vidas de los colombianos”, afirmaron los voceros de las asociaciones de usuarios y de Pacientes Colombia.
4. Dispensación de medicamentos: Con el periodo de transición en la implementación de la ley citada no se podrá garantizar la integralidad del tratamiento.
El país ya está pasando por una crisis de desabastecimiento de medicamentos, por lo que es importante garantizar el acceso a las medicinas y/o a los insumos; lo contrario podría provocar crisis en los pacientes de enfermedades crónicas y catastróficas por cambio en los responsables de sus tratamientos, generando muertes que habían podido evitarse actuando de manera preventiva.
5. Participación ciudadana: En virtud de lo establecido en la Constitución Política de Colombia, consideramos que se nos debe dar la oportunidad de ser escuchados y de contribuir de manera significativa y constructiva al debate en curso con miras a mejorar el actual modelo de salud.
Ante estas preocupaciones, las Asociaciones de Usuarios y Pacientes, hicieron las siguientes peticiones a la Defensoría del Pueblo, a la Corte Constitucional y al Congreso de la República:
a) Intervención para garantizar la Participación Ciudadana: Solicitamos que el Defensor del Pueblo intervenga ante las autoridades competentes, el Congreso y el Ministerio de Salud, para garantizar una participación ciudadana efectiva en las discusiones que se llevan a cabo en relación con la reforma de salud.
b) Claridad en el financiamiento del sistema: Demandamos una explicación transparente sobre cómo se financiará el funcionamiento del sistema de salud después de la reforma y de dónde provendrán los recursos necesarios.
c) Definición de la Ruta del usuario: Claridad sobre la Ruta del Usuario y las implicaciones que generan los cambios establecidos en la reforma.
d) Cierre financiero en 2023: Solicitamos que se explique cómo se logrará el cierre financiero del Sistema General de Seguridad Social en Salud en 2023, por parte del Estado.
