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Gregorio Eljach, procurador general, aseguró en Barranquilla que, a marzo de este año 92.318 nuevas cédulas fueron inscritas en el país; situación que, según indicó, revela que casi la mitad de este este total, se concentran los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Meta y Norte de Santander.
En este sentido, el funcionario manifestó que, el Ministerio Público hará un laboratorio de protección para las votaciones, con miras a los demás procesos electorales.
"Vienen las consultas de los partidos, la elección de Congreso en marzo, le primera vuelta presidencial en mayo y la eventual segunda vuelta en junio", expresó el Procurador en el undécimo Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: “Construcción de Ciudades de Paz: Perspectivas desde la Diversidad, la Justicia y la Inclusión” realizado en una universidad de la capital del Atlántico.
Indicó que, entre los casos más destacados están Puerto Gaitán (Meta) registró un incremento del 80 %, La Jagua del Pilar (La Guajira) del 44 %, y Acacías (Meta) del 23,3 %.
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Recientemente, la Defensoría del Pueblo, alertó sobre el riesgo electoral en más de 600 municipios del país, de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.
En la 'Alerta Temprana Electoral 2025-2026', basado en 14 variables de riesgo, la entidad hace la advertencia. El documento identifica 62 municipios que requieren acción inmediata, 162 con acción urgente, 425 con acción prioritaria y 216 bajo observación permanente.
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"Hay municipios en cuidados intensivos que se pueden salvar con una acción institucional también intensiva; otros deben ir a urgencias, a citas prioritarias o a controles mensuales, pero ninguno puede desatenderse", afirmó Iris Marín, defensora del Pueblo.
La alerta incluyó 20 recomendaciones dirigidas a distintas entidades del Estado. Entre ellas pidió al Ministerio del Interior mejorar la coordinación institucional, al Ministerio de Defensa reforzar la seguridad en las zonas rurales de mayor riesgo y a la Unidad Nacional de Protección priorizar la seguridad de candidatos, periodistas y firmantes de paz.
