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La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) documentó diversos señalamientos y calificativos en redes sociales por parte del presidente Gustavo Petro, altos funcionarios públicos y miembros de la coalición del Gobierno, los cuales estigmatizan la labor del periodismo en el país.
Para el organismo, esas afirmaciones generalizadas para los periodistas provocan un clima de hostilidad hacia la prensa, con lo cual se desconoce la obligación que tiene el Estado y particularmente el Presidente, de garantizar condiciones óptimas para el ejercicio de la libertad de prensa.
Al parecer, las respuestas negativas por parte del Gobierno Petro son más comunes cuando se revelan investigaciones periodísticas que han generan cuestionamientos de la gestión, denuncias de posibles casos de corrupción al interior de entidades estatales e indagaciones en la financiación de la campaña presidencial.
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"Hemos advertido que los señalamientos genéricos que desacreditan la labor de la prensa, así como los constantes calificativos a determinados medios y periodistas que tienden a calificar sus contenidos como “parcializados” o “fake news”, debilitan el ejercicio de la libertad de prensa y el debate democrático en el país”, dijo la Flip.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su reciente visita “in loco” aseguró que la hostilidad en contra de la prensa ha sido “alimentada por parte de distintas vocerías a nivel nacional, departamental y local”.
Además, el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) alertó sobre el reporte de discursos estigmatizantes del presidente Petro, funcionarios del gobierno y otros líderes políticos en contra de medios de comunicación y periodistas.
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Cabe recordar que, la Corte Constitucional estableció que los altos funcionarios públicos están en la obligación de dar un uso cuidadoso a sus redes sociales, pues la información que por estas se difunde impacta la opinión pública y las reacciones de la ciudadanía.
"Insistimos que estas diferencias deben tramitarse por los mecanismos constitucionales idóneos, como la solicitud de rectificación en los casos que evidencien que se está difundiendo información imprecisa. Reiteramos el llamado al Gobierno de abrir un espacio técnico, con el concurso de la Relatoría de Libertad de Expresión y de otras organizaciones para atender este problema que profundiza la situación de seguridad de los y las periodistas y deteriora la conversación pública", puntualizó la Flip.
