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Una difícil situación de violencia tiene alarmadas a las autoridades de Bogotá, que ha enfrentado macabros homicidios y cadáveres embolsados, desde marzo hasta la fecha.
Tan solo, del 2 abril y el 31 de mayo de 2022, unos 18 cuerpos han sido encontrados en la capital del país, con signos de tortura y sevicia en la comisión de los homicidios.
Uno de los últimos hechos que más ha llamado la atención, tiene que ver con el asesinato de tres hombres y una mujer, que fueron abandonados en bolsas negras al interior de una camioneta en el norte de la ciudad.
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Justamente, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtió la persistencia de los riesgos para la ciudadanía de la capital del país derivados de los hechos de violencia generados por grupos armados ilegales y organizaciones delincuenciales que tiene presencia en Bogotá. De hecho, no descartó que el Clan del Golfo estuviera detrás de este crimen.
“Hemos venido haciendo seguimiento a la Alerta Temprana para Bogotá y podemos corroborar que se presenta una exacerbación del riesgo advertido el año pasado, demostrada en el aumento de delitos de alto impacto, lo que podría estar relacionado con la disputa territorial derivada de la expansión de un actor ilegal externo, el cual tiene como objetivo la consolidación como grupo hegemónico en el control de las rentas ilegales producidas en la capital del país”, agregó Camargo.
“Reiteramos nuestra preocupación por la ocurrencia de homicidios colectivos y selectivos en los últimos días en Bogotá, en donde se manifiesta el uso de violencia extrema como mensaje simbólico que se envía a las estructuras criminales en disputa”, añadió Camargo.
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Casos como la aparición de siete personas muertas en una semana, en hechos similares en diferentes lugares de la ciudad, evidencian la consumación de las advertencias de la Defensoría del Pueblo.
A los últimos hechos ocurridos en las localidades de Usaquén (4) y Kennedy (3); se le suman la aparición de despojos mortales en espacios públicos de las localidades de Los Mártires (4), Santa Fe (1), en límites de San Cristóbal y Usme (4), Engativá (1), Teusaquillo (1), Suba (1), Bosa (1) y Kennedy (5).
Finalmente, el Defensor del Pueblo reiteró la importancia de las alertas tempranas y pidió a las autoridades territoriales impulsar acciones articuladas que permitan mitigar los riesgos generados por el accionar de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales.
