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La justicia especial de paz en Colombia excava un cementerio donde, según la versión de un militar, hay una fosa común con "más de 50 civiles" ejecutados por soldados que los hicieron pasar por rebeldes caídos en combate, informó el tribunal.
"Es importante señalar que estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria", subrayó la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que se ocupa de las peores violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto armado con la extinta guerrilla de las FARC.
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Al respecto, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, dijo que "ante las graves denuncias (...) la JEP debe adelantar la investigación hasta sus últimas consecuencias y sancionar a los responsables".
Un militar que decidió colaborar con ese tribunal, surgido del acuerdo de paz de 2016, condujo a los investigadores hasta el cementerio Las Mercedes, en el municipio de Dabeiba.
Se presume que ahí "se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas legítimamente como bajas en combate", añadió la JEP en un comunicado. Este mes ya han sido exhumados "siete cadáveres completos". Para el organismo se trataría de "ejecuciones extrajudiciales seguidas de desaparición forzada".
La investigación en Dabeiba inició con la denuncia de un soldado que se sometió a la JEP para obtener beneficios penales, a cambio de confesar sus crímenes y ayudar a reparar a las víctimas.
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"Se debe garantizar la protección a la vida e integridad del testigo", agregó la Vicepresidente al referirse al militar que emitió la denuncia.
En Las Mercedes fueron enterrados hombres entre los 15 y los 56 años provenientes de Medellín, capital del departamento de Antioquia, según los indicios recopilados por la JEP.
Los presuntos crímenes engrosarían el expediente de lo que se conoce como "falsos positivos", ejecuciones extrajudiciales de al menos 2.248 personas en las últimas décadas. El 59% de esas muertes ocurrió entre 2006 y 2008 bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La práctica consistía básicamente en un premiado conteo de cuerpos para inflar los logros del Ejército. Decenas de jóvenes fueron engañados con promesas de empleo, sacados de sus territorios y llevados lejos para ser asesinados y disfrazados de guerrilleros.
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El gobierno de Uribe destituyó en su momento a altos mandos y modificó las directrices de guerra para evitar más ejecuciones. Más de mil uniformados han sido condenados en la justicia ordinaria por los crímenes de civiles y 148 se acogieron voluntariamente al tribunal de paz, según cifras oficiales.
