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La directora de Agencia Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, confirmó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia al pago de un monto superior a los 167.000 millones de pesos como reparación a las 676 víctimas directas que fueron reconocidas y plena identificadas producto del exterminio de la Unión Patriótica (UP), en hechos que comenzaron en 1984 y se extendieron por más de 20 años.
Según la Agencia Jurídica del Estado, por orden de la Corte IDH se fija un plazo de un año para que Colombia cumpla con esta efectiva reparación económica a las víctimas directas, cuyo listado fue discriminado en la sentencia de ese tribunal.
“La Corte IDH considera y establece 676 víctimas directas y define allí exactamente sus nombres y su identidad, sobre las víctimas directas a Corte hace un estimativo de 55 mil dólares para cada una de las víctimas yla diferencia que hace al monto respecto de las madres, los padres y los hijos de las víctimas directas”, dijo Zamora.
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Precisó que estos montos fijados por la Corte IDH no son objeto de conciliación, sino que se trata de una decisión que tendrá que cumplir el Estado colombiano.
A este monto de reparación se suma el impuesto para indemnizar a los denominadas víctimas indirectas, que ascienden a las 761 personas.
De igual forma, sostuvo que en el fallo de la Corte IDH se ordena que las diferentes autoridades colombianas adelanten las acciones necesarias para avanzar en la búsqueda de las víctimas desaparecidas de este extermino contra la Unión Patriótica, cuyo destino aún se desconoce.
Como medidas de reparación integral a autoridades judiciales como la Fiscalía, los jueces ordinarios y la Jurisdicción Especial para la Paz, ese tribunal también ordenó al Estado “iniciar, impulsar, reabrir y continuar, en un plazo no mayor de dos años, y concluir, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir”.
Igualmente, se deberá brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial, a las víctimas que así lo soliciten.
Igualmente, se ordena realizar foros académicos en al menos cinco universidades públicas en distintos lugares del país sobre temas relacionados con el presente caso para evitar la repetición de estos graves hechos.
De la misma forma, se deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la UP y efectuar actividades para su difusión, entre ellas en escuelas y colegios público.
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Agregó que la sentencia ordena construir un monumento en memoria de las víctimas y de los hechos cometidos en contra de los integrantes, militantes y simpatizantes de la UP.
