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Después de 30 años de litigio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia, condenando al Estado colombiano por el exterminio de los militantes de la Unión Patriótica (UP), partido político que se constituyó como una alternativa de izquierda en el siglo pasado en el país.
Más de 300 víctimas se reunieron en el Centro de Memoria, Paz y reconciliación de Bogotá, donde hubo emociones encontradas al conocer el resultado del proceso ante la justicia internacional.
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“Es un encuentro de sentimientos. Toda la tragedia que se ha sufrido por tener una conciencia diferente a la que se ha impuesto en el modelo y tanta gente que quedó atrás, que murió. víctima de ese genocidio. Estas lágrimas son por mi familia víctima de ese genocidio”, señaló Claudia Flórez, secretaria general del partido.
El proceso se inició en la década de los 90, luego de que los líderes de esa colectividad, en cabeza de Aida Avella y Jahel Quiroga, presentaran estos hechos ante esta instancia internacional, al considerar que no existían garantías en la justicia del país.
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Dagoberto Chamarra, miembro de la Corporación Reiniciar y militante de la Unión Patriótica, que perdió varios de sus familiares, señaló que “fuimos amenazados, desplazados y asesinados en medio de este conflicto político del que nunca debimos ser víctimas”.
Los ciudadanos que pertenecen al partido agregaron que tenían la certeza de que la CorteIDH fallaría a su favor pues aportaron elementos que consideran suficientes para establecer que se violaron los derechos humanos.
“Es una decisión esperada durante 30 años que llega a un punto definitivo y es que el estado colombiano es responsable del genocidio de la Unión Patriótica. Los sectores que han defendido la verdad y la vida, hoy están esperanzados por esta sentencia. Esto deriva en derechos de reparación que van a incluir actos de memoria para que las futuras generaciones conozcan lo que pasó”, señaló el representante a la Cámara Gabriel Becerra Yánez.
El congresista añadió que de esta manera se sienta un precedente que debe servir para que nunca más “un estado a través de sus poderes justifique que se haya eliminado a un ciudadano o un colectivo, entre ellos dos candidatos presidenciales, una bancada de congresistas, porque pensaban distinto”.
