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El Gobierno nacional está analizando la posibilidad de decretar una emergencia económica para cubrir el hueco de 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026. Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la medida "pretende recuperar lo que el Congreso dejó desfinanciado".
Las comisiones económicas del Legislativo archivaron el 9 de diciembre la reforma tributaria con la que la administración de Gustavo Petro aspiraba a recoger el billonario monto. Desde entonces, el Ejecutivo ha contemplado las cartas que podría jugar para estabilizar las finanzas.
Hasta el momento, la decisión está recogida en un borrador de decreto, que debe recibir observaciones antes de que Petro y Ávila lo hagan oficial. En caso de publicar un acto administrativo concreto, la Corte Constitucional podría analizarla, aunque esto tardaría semanas e incluso meses.
Los estados de excepción deben responder a un hecho sobreviniente —una circunstancia repentina e imprevista— y deben limitarse en el tiempo. El decreto debe establecer su duración, que inicialmente podría ser de treinta días y luego extenderse hasta los noventa.
¿Qué pasaría con la emergencia económica en la Corte Constitucional?
Por orden de la Constitución, la Corte Constitucional evalúa de oficio la exequibilidad de todos los estados de excepción. Es decir, revisa si una declaratoria de conmoción interior, guerra exterior o emergencia económica se ajusta a la Carta o si es una medida arbitraria.
El historial del gobierno de Petro en la materia es complejo, por decir lo menos. En octubre de 2023, luego de tres meses de análisis, la Corte tumbó la emergencia económica que el Ejecutivo decretó en La Guajira, porque pretendía resolver problemas estructurales con una norma excepcional.
Y en abril de 2025 el tribunal más importante del país declaró parcialmente inconstitucional la conmoción interior que el Gobierno declaró en Norte de Santander y Cesar por la crisis humanitaria que el ELN desató en enero en el Catatumbo en medio de enfrentamientos con las disidencias de las Farc.
El ministro Ávila expresó la intención del Gobierno el mismo día en que las altas cortes salieron a vacancia judicial. El receso avanzará hasta el 10 de enero. Sin embargo, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, estaría considerando pausar el descanso.
Ibáñez, quien ha protagonizado varias confrontaciones con el presidente Petro por los ataques que lanza al estar en desacuerdo con determinaciones judiciales, contemplaría llamar a sus ocho colegas de la Sala Plena a una sesión extraordinaria si el Gobierno pasa de un borrador a un decreto formal.
Las medidas que propone el gobierno de Petro con la emergencia económica
La iniciativa plantearía un paquete de medidas tributarias que regirían en el calendario de 2026. El futuro pulso jurídico se centraría, por ejemplo, en qué pasaría con los pagos, las retenciones y las devoluciones si la Corte tumba los tributos.
Entre las principales disposiciones se avista aumentar el gravamen a los movimientos financieros, que pasaría del 4x1.000 —creado en 1998 como una decisión transitoria para enfrentar una crisis bancaria, pero que se ha extendido indefinidamente— a un 5x1.000.
Además, propone establecer un impuesto al patrimonio para personas jurídicas y sociedades de hecho para quienes posean patrimonios iguales o superiores a 40.000 unidades de valor tributario (UVT) al primero de enero de 2026, con porcentajes que irían del 0,5% hasta el 5%.
La emergencia económica incluiría un impuesto sobre las ventas (IVA) en los juegos de azar por internet, un impuesto al consumo de licores, uno más para el de cigarrillos —de 11.200 pesos por cada cajetilla de veinte unidades— y otro para vapeadores.
