La FM en Google News
En las últimas horas, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó que el Gobierno tome medidas para garantizar el derecho a la protesta pacífica en Colombia.
Entre las instrucciones impartidas, se ordenó suspender el uso de escopetas calibre 12 por parte del Esmad, unacompañamiento activo de la Defensoría del Pueblo y que el Congreso de la República ajuste algunas normas para garantizar ese derecho a protestar.
Lea aquí: Toda esta pelea es para poderse sentar a hablar de libertad de Uribe: abogado Bernate
En medio de esas decisiones, llamó la atención por parte de varios sectores el hecho de que la Corte Suprema indicara que "fueron violentas, arbitrarias y desproporcionadas las acciones de la policía durante las protestas del pasado mes de noviembre" y pidió al Gobierno Nacional que ofrezca disculpas por los excesos y abusos de la policía.
El presidente de la Fundación 'Campaña Defender la Libertad', Franklin Castañeda, quien es uno de los 49 accionantes junto con organizaciones defensoras de Derechos Humanos, víctimas de la violencia policial, consultorios jurídicos de la Universidad de los Andes y del Rosario, interpusieron la tutela que falló la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, explicó los detalles de esta decisión.
En diálogo con RCN Radio, el experto aseguró que esa acción busca poner en conocimiento de la Corte Suprema, unos patrones de conducta por parte de la Policía y el estado, en el marco de la protesta social.
Lea además: Rafael Nieto cuestiona fallo de Corte sobre uso de fuerza en manifestaciones
"Entre ellos tenemos una actitud constante de agresiones a las protestas pacíficas, una labor de estigmatización a los protestantes, la disolución arbitraria de las protestas, el uso de armas letales o potencialmente letales de manera antirreglamentaria, detenciones arbitrarias y ataques a la prensa", explicó Castañeda.
Señaló que "cuando interpusimos esta acción de tutela en 2019, se habían llevado a cabo 110 intervenciones agresivas en contra de protestas pacíficas que fueron registradas por la Campaña Defender la Libertad. A 30 de julio de este año, ese número aumentó a 233 agresiones a la protesta y hablamos de más de 2.300 personas que han sido privadas de la libertad en Colombia, 1600 de ella en el marco del paro".
Franklin Castañeda reveló que la Corte Suprema de Justicia encontró 11 faltas del Estado colombiano, a la hora de garantizar el derecho a la protesta.
"Para la Corte no existe en Colombia una ley estatutaria sobre los alcances y límites de la acción Estatal de la policía y del estado para tratar la protesta pacífica. Tras el examen de las actuaciones de la Policía no solo de noviembre sino de otras actuaciones de las cuales tuvo conocimiento, la Corte examinó decisiones judiciales del Consejo de Estado y encuentra que el Esmad amenaza la garantía al proceso social y su actuación supone una amenaza real", señaló.
Le puede interesar: Gobierno pide acelerar reactivación en Bogotá por aumento de desempleo
De acuerdo con Castañeda, el tribunal precisó que el Gobierno "no es capaz de garantizar el orden sin violar los derechos de los protestantes y advierte que de manera ilegal, se delegó la capacidad de la Policía de autorregularse con el uso de la fuerza".
Por su parte, el constitucionalista, Juan Manuel Charry, cuestionó el fallo de la Corte Supremas de Justicia, tras señalar que esa decisión es desigual teniendo en cuenta que se coacciona solo a la fuerza pública y no a los manifestantes que desencadenan los actos vandálicos.
“Yo creo que tenemos que superar la dialéctica de buenos y malos, pero en este caso se está mirando solamente un lado que es el exceso policial, pero no el de los manifestantes que incluso destrozan la ciudad y las vidas”, señaló.
Lea también: Investigarán a policía por presunto abuso de autoridad en Antioquia
El experto agregó que los juicios de la Corte son generalizados y que “si bien puede haber irregularidades, la Corte va mucho más allá y hace juicios generalizados. No se tienen en cuenta los derechos de los manifestantes porque repudia los hechos de violencia, pero no está bien limitar solo a la Fuerza pública”.
En ese sentido, sostuvo que “hay derechos involucrados de millones de ciudadanos que queremos protestas pacíficas y hemos visto reiteradamente que no pasa. Se deben tomar medidas para ambos lados y para respetar los derechos de los demás”.
Finalmente, el experto concluyó que “lo que hemos visto es que las medidas sanitarias no afectan a los manifestantes, hay como un sesgo dialéctico de señalar al otro, cuando en realidad se debe hacer un análisis completo”.
