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La Oficina de América Latina de la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) reveló que Colombia se ubica entre los cuatro países más peligrosos del continente americano para ejercer el periodismo.
Cabe mencionar de acuerdo con el análisis, en los últimos 10 años han sido asesinados 134 comunicadores en la región, mientras que en lo corrido del 2022 se han presentado siete homicidios de comunicadores.
El informe denominado “Bajo riesgo: cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en AméricaLatina”, se basó en el análisis sobre los mecanismos de protección que se ofrecen en el continente para los comunicadores.
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En países como Honduras, Brasil y Colombia, se concentran el 90% de los asesinatos a periodistas que han ocurrido en la última década, mientras que en México han sido asesinados al menos cinco periodistas desde que inició este año.
El estudio que fue desarrollado por la Unesco en 2021, tiene como objetivo definir si las medidas de protección con las que son cobijados los periodistas amenazados y que buscan ayuda, son efectivas o no.
"Los periodistas de América Latina tienen que dejar de ser un blanco. Es urgente detener esta espiral de violencia, cuyas consecuencias son dramáticas para las democracias de la región”, señaló el director de la Oficina de América Latina de RSF, Emmanuel Colombié.
Al mismo tiempo, el directivo añadió que “la vulnerabilidad de los periodistas no es una fatalidad que debe asumirse. RSF propone soluciones concretas para mejorar la eficacia de los mecanismos de protección en Brasil, Honduras, Colombia y México, y se ofrece a auspiciar y acompañar los cambios necesarios, de forma duradera”.
Cabe mencionar que Reporteros Sin Fronteras realizó 75 entrevistas a los directores de los organismos de seguridad y a los beneficiaros (periodistas), al igual que a la sociedad civil que participa dentro de las mesas que definen si otorgan o no las medidas de seguridad.
Debido a esto, se construyeron 80 recomendaciones para los países de México, Honduras, Brasil y Colombia, que buscan identificar las deficiencias y mejorar la eficacia de los mecanismos de protección.
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En el caso de Colombia, la UNP (Unidad Nacional de Protección) no puede conformarse con medidas de protección físicas y debe adoptar una visión de protección más integral garantizada por el Estado colombiano junto a otros organismos y dialogando con los líderes sociales y la sociedad civil.
Esta política debe incluir la formación continua de los prestatarios de servicios externalizados por la UNP en materia de prevención de las violaciones de los derechos humanos, la diversidad, la igualdad de género y la importancia de la libertad de expresión y de prensa para las democracias.
Entre las recomendaciones se encuentra que la Unidad Nacional de Protección "debe mejorar la seguridad y fiabilidad de la gestión de datos personales de sus beneficiarios y garantizar que los equipos encargados de los análisis de riesgo".
También se señala que este control debe adelantarse con los proveedores externos. Es imprescindible que conozcan la regiones en las que los periodistas están en riesgo, al igual que los reporteros que solicitan que se garanticen medidas de seguridad participen de las decisiones que afecten a su evaluación de riesgo y a su plan de protección.
"Además, las organizaciones de la sociedad civil deben poder participar en la revisión y desarrollo de metodologías de análisis de riesgos, en la reingeniería de la UNP y sobre todo, en las reuniones del Cerrem (Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas)".
Reporteros Sin Fronteras precisó que dentro de las medidas, "la UNP tiene que modificar sin falta sus procesos internos para tener en cuenta mejor que ahora el género, la raza, la etnia, el origen (urbano o rural) o incluso las orientaciones políticas de sus beneficiarios, así como las especificidades de la labor periodística: necesidad de movilidad, flexibilidad de horarios, acceso privado a las fuentes de información".
Otras recomendaciones
De acuerdo con el análisis, la UNP debe aumentar igualmente la oferta de servicios psicológicos y garantizar a los beneficiarios, ubicados en refugios que puedan estar acompañados de sus familias.
Por último, es urgente que la UNP reduzca los plazos para la puesta en marcha de sus planes de protección:
* 30 días hábiles para la realización de análisis de riesgos y su presentación al Cerrem.
* 15 días hábiles para la aplicación integral de los planes de protección.
* 12 meses máximo para las reevaluaciones de riesgo.
