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El proyecto de resolución del Ministerio de las Culturas que busca declarar el Paisaje Cultural Fortificado de Cartagena de Indias como Bien de Interés Cultural de Ámbito Nacional sigue generando debate en la ciudad.
El plan, que cubriría más de 43.000 hectáreas e implicaría la aplicación de un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), contempla restricciones en alturas, técnicas constructivas y competencias de licenciamiento, lo que ha despertado preocupación en el sector constructor.
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Al respecto, Irvyn Pérez, gerente de Camacol Bolívar, expresó que el gremio reconoce la importancia de proteger el patrimonio, pero advirtió que la norma debe estar mejor definida para evitar frenar el desarrollo urbano y sumir a la ciudad en más trámites e incertidumbre.
“Como gremio, primero queremos aclarar que entendemos y reconocemos la importancia de los instrumentos de protección de nuestro patrimonio. Entendemos que es una herramienta jurídica, válida, que debe hacerse, pero debe hacerse de la mejor manera. Aquí el primer llamado y alerta que hacemos al Ministerio de Cultura, por supuesto, una preocupación que es válida, que tiene toda lógica, y es entender que una extensión de más de 43.000 hectáreas al momento de declarar el paisaje cultural, pues debe tener unos parámetros bien definidos, un alcance y lineamiento de intervención para evitar la incertidumbre", señaló.
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Pérez advirtió que la ciudad ya ha sufrido por la complejidad de los “pasillos normativos y jurídicos” y que este nuevo marco podría convertirse en un laberinto de trámites y licenciamientos.
“Lo que estamos pidiendo es que nos sentemos a revisar los alcances de esa norma y que aquellos que no estén claros, definirlos y generar la seguridad jurídica que esta ciudad necesita para el desarrollo. Hemos dicho que en la práctica uno puede convertir todo el desarrollo en un laberinto de trámites, licenciamientos, y la gente no sabe para dónde coger”, añadió.
El directivo también alertó sobre la incidencia que tendría la resolución en el proceso de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena, ya que la norma impondría determinantes de superior jerarquía que obligan a armonizar los lineamientos nacionales con las disposiciones locales.
“Estamos en pleno proceso de actualización del POT, y ello implica que este tipo de resoluciones imprimen una determinante superior jerarquía. Eso quiere decir que, para poder formular el POT de Cartagena, tenemos que tener en cuenta no solamente esta, sino todas las resoluciones. Precisamente hacemos el llamado y la alerta para revisar y ponernos de acuerdo en concurrencia de competencias y armonizar eso para que el desarrollo de la ciudad se haga de la mejor manera sin complicaciones", dijo.
Finalmente, Pérez insistió en que el mayor riesgo está en que los permisos y licencias se vuelvan más confusos y dependan de múltiples instancias, lo que afectaría la competitividad del sector y la seguridad jurídica para los inversionistas.
“En el sector de la construcción, para que la gente lo entienda, es que ese proceso de permisos y licencia esté claro, porque hoy cuando algo tiene una declaratoria, pues tiene que ir al Ministerio de Cultura. Entonces, hay interrogantes que deben subsanarse y deben quedar claros en que esto va a armonizarse con las diferentes normatividades que rigen el sector de la construcción.”
El llamado que ha hecho Camacol es a que el Ministerio y el Distrito de Cartagena revisen conjuntamente los alcances de la resolución, definan parámetros claros y garanticen seguridad jurídica para que la protección del patrimonio se cumpla sin frenar el desarrollo de la ciudad.
