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El alcalde de Sutamarchán (Boyacá), Miguel Andrés Rodríguez Saavedra, le solicitó a las autoridades nacionales la revocatoria de las licencias ambientales o la apertura de una investigación contra Ecopetrol S.A. y su filial Cenit, Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., por el riesgo extremo que enfrenta el municipio debido a las operaciones en la Planta Sutamarchán y el poliducto que atraviesa la región.
En una comunicación dirigida a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los ministerios de Trabajo, Ambiente y Minas, la Fiscalía General de la Nación y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el funcionario solicitó una investigación integral, la revisión de licencias y acciones preventivas inmediatas para evitar una posible tragedia ambiental y humana.
“La vida de las personas y la integridad del ecosistema están en riesgo. No podemos permitir que se siga operando bajo esquemas que degradan la prevención. De no actuar ya, podríamos estar ante un desastre previsible y evitable”, advirtió Rodríguez Saavedra.
Denuncias por omisiones y riesgo operativo
El documento oficial advierte que la Planta Sutamarchán opera productos altamente inflamables a presiones de hasta 1.350 psi y caudales superiores a 3.000 barriles por hora, atravesando zonas pobladas, fuentes hídricas y ecosistemas frágiles.
A esa situación se suma la reducción de personal operativo, la ausencia de brigadas locales de emergencia y los reiterados robos de combustible (valvuleo ilegal), que según el alcalde, elevan el riesgo de fugas, incendios y explosiones con consecuencias potencialmente catastróficas para la comunidad y el medio ambiente.
La Alcaldía señaló además que Ecopetrol y Cenit habrían reducido su personal a un solo operador por turno, dejando incluso periodos sin vigilancia, lo que desmantela las brigadas de primera respuesta.
De acuerdo con el oficio, los planes de emergencia y contingencia (PEC/PAEC) y las matrices de riesgo (RAM) estarían desactualizados e inconsistentes.
Entre las solicitudes presentadas, el alcalde pidió que la UNGRD realice una verificación técnica in situ inmediata y suspenda la operación con un solo operador; que el Ministerio del Trabajo investigue las condiciones de seguridad y salud en el trabajo; y que la Anla y el Ministerio de Ambiente revisen las licencias y consideren su suspensión o revocatoria si se comprueban incumplimientos graves.
Finalmente, el pronunciamiento cuestiona el déficit de inversión social de las empresas en el municipio y exige compromisos verificables en fortalecimiento de organismos de socorro, vías de acceso para emergencias y monitoreo ambiental participativo, reiterando un llamado al Gobierno Nacional para actuar con urgencia bajo los principios de precaución y prevención.
