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La Procuraduría General de la Nación alertó sobre un posible estado de cosas inconstitucional, en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en la región del Eje Cafetero.
Según la Procuraduría, el estado de cosas inconstitucionales se presenta ante una violación masiva, generalizada, sistemática y estructural de los principios fundamentales, que en este caso, deben satisfacer las necesidades de las víctimas que reclaman por el derecho a encontrar a sus seres queridos que fueron reclutados o asesinados por la extinta guerrilla de las Farc.
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El Ministerio Público hizo la primera alerta en una audiencia pública en la que la Jurisdicción Especial para la Paz haría seguimiento a las medidas cautelares impuestas sobre 27 cementerios de Risaralda y Quindío, en los que posiblemente estarían enterrados restos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.
Durante la diligencia, el procurador delegado Jairo Acosta, indicó que ante las deficiencias evidenciadas en la operación de los mecanismos propuestos para avanzar con éxito en la búsqueda de las víctimas “mal pueden seguirse tramitando esas necesidades de una manera fragmentada, individual, focalizada en los territorios, ya que se rebasó la capacidad de respuesta de una audiencia de medida cautelar focalizada o territorializada”.
Por esta razón, el delegado solicitó que se realizarán dos grandes audiencias, la primera para abordar la problemática con entidades regionales para verificar el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos y, la segunda que se realizaría con entidades de orden nacional que están comprometidas con el sistema de búsqueda, recuperación y entrega digna de las personas dadas como desaparecidas, con el propósito de establecer competencias, límites, canales de interacción y protocolos.
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Además alertó sobre el bajo nivel de acreditación de víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el Eje Cafetero, pues aseguró que, según el registro, solo se encuentran acreditadas 23 en Risaralda, ocho en Quindío y 61 en Caldas.
