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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó a las nueve EPS intervenidas del país a negociar de manera conjunta y directa la adquisición de medicamentos con agentes farmacéuticos, una medida que busca garantizar la estabilidad del sistema general de seguridad social en salud.
La decisión, sustentada en el parágrafo único del artículo 1 de la Ley 155 de 1959, permitirá a estas entidades aumentar su poder de negociación para obtener mejores precios y reducir las quejas por incumplimientos en la entrega de medicamentos a los pacientes.
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De acuerdo con la SIC, el objetivo es que la compra coordinada se traduzca en una mejora en la eficiencia del servicio, mayor oportunidad en las entregas y una disminución del desabastecimiento de ciertos insumos.
El proceso de negociación se desarrollará en tres etapas. En la primera se acordarán medicamentos de alto costo. La segunda incluirá dispositivos médicos como pañales desechables y alimentos de propósito médico especial. Finalmente, en la tercera se abordarán medicamentos genéricos o de bajo costo pero de alto volumen en consumo. El acuerdo tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga por un año más.
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Aunque las EPS negociarán en bloque, los contratos serán suscritos individualmente por cada entidad, asumiendo directamente las responsabilidades de pago con los proveedores y la atención a sus afiliados.
La SIC enfatizó que el ahorro en la compra de medicamentos podría permitir a las EPS reducir deudas existentes y destinar recursos a la mejora de otros servicios en salud.
La Superintendencia también estableció una metodología de vigilancia que incluye tres frentes: seguimiento a la negociación conjunta y compras individuales; evaluación de eficiencias operativas mediante indicadores de cumplimiento en las entregas; y análisis de eficiencias financieras para determinar posibles reducciones de costos.
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Además, la SIC dejó abierta la posibilidad de que otras EPS no intervenidas se sumen al mecanismo de negociación, siempre que cumplan con criterios de transparencia y objetividad. También formuló recomendaciones a los agentes del sector para asegurar el respeto de las normas de libre competencia.
La aprobación del acuerdo consideró los conceptos técnicos del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, así como experiencias internacionales en China, México y Países Bajos. También tuvo en cuenta antecedentes en sectores como vivienda y textil, donde se han autorizado acuerdos similares bajo la misma norma legal.
Con esta autorización, la SIC resaltó que los principios de libre competencia pueden armonizarse con el derecho fundamental a la salud y el bienestar de los usuarios del sistema, en línea con el modelo de economía social de mercado vigente en el país.
