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El movimiento 'Todos por la Salud' prendió las alertas frente a lo que llaman una amenaza a la sostenibilidad del sistema de salud, luego que se conociera el decreto de la retención en la fuente a las diferentes instituciones de salud a nivel nacional.
Afirmaron que a pesar de los múltiples comentarios enviados sobre el borrador de decreto y las alertas públicas emitidas por gremios, organizaciones y miembros del movimiento 'Todos por la Salud' y expertos del sector, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 572 de 2025, sin tenerlos en cuenta.
“Esta norma introduce modificaciones fiscales que afectan directamente a varios sectores económicos del país, donde el sistema de salud no es ajeno, mediante la modificación de dos partidas clave: las retenciones en la fuente y las autorretenciones, éstas aplicables a los grandes contribuyentes”, indicaron.
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Apuntaron que en un contexto donde toda la cadena del sector salud enfrenta ya una grave crisis financiera por varias causas como una UPC desfinanciada (ya decretada por la Corte Constitucional), altos niveles históricos de cartera y cambios en los giros a la red por las EPS manejadas por el Gobierno Nacional, este nuevo esquema tributario representa una carga adicional con el cual no contaban las empresas.
“La obligación de anticipar mayores recursos al Estado mediante retenciones y autorretenciones reduce aún más el flujo de caja disponible, ya de por sí afectado por la insuficiencia de la UPC para la operación diaria, la inversión en equipos y tecnologías, el pago a proveedores y el cumplimiento oportuno de salarios al talento humano en salud”, manifestó.
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Recalcaron que los más afectados siguen siendo los pacientes y usuarios del sistema de salud y en general, toda la población colombiana quienes ven comprometido el derecho fundamental a la salud.
“A corto plazo, se profundizará la fragilidad financiera de numerosas instituciones prestadoras de servicios de salud, proveedores, distribuidores que no cuentan con la capacidad para absorber este impacto. A largo plazo, esta situación se traduce en más cierres de servicios, disminución en la calidad y oportunidad de la atención, e incluso en el colapso de algunos actores del sistema, así como en el aumento de morbimortalidad de la población dejada de atender por la crisis, generando un impacto en salud pública”, destacó.
Estas organizaciones de salud que hacen parte de este movimiento pidieron que se derogue este decreto que según ellos representa un grave riesgo.
“Solicitamos con urgencia se derogue este decreto que no es más que un nuevo requerimiento para el sector de la salud, que pasa por un momento agónico generando una crisis humanitaria que afecta la vida de pacientes, usuarios y de todos los ciudadanos. Esta no es una discusión meramente contable o tributaria: está en juego la garantía del derecho fundamental a la salud y, en última instancia, la vida de millones de colombianos”, puntualizaron.
