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El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Fabio Arias, manifestó su rechazo a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que establecía el salario mínimo en 2 millones de pesos para el año 2026.
El líder sindical calificó la medida como un acto de “injusticia social” que, según aseguró, afecta a millones de trabajadores en el país.
“Rechazamos la decisión tomada por el Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto de salario mínimo. Es un acto de injusticia social, de mezquindad empresarial”, afirmó Arias, quien agregó que la decisión frena lo que considera un avance en materia de equidad y justicia social.
Los trabajadores son los más afectados
Dijo además que es lamentable esta decisión que afecta a los trabajadores en el país.
“La medida representa un retroceso para los trabajadores colombianos y cuestionó que magistrados con altos salarios estén, según sus palabras, limitando un decreto que buscaba beneficiar a quienes devengan el ingreso mínimo”, señaló.
Fabio Arias, también cuestionó con firmeza la determinación del alto tribunal y sostuvo que la suspensión responde a intereses de sectores empresariales que, en su concepto, se oponen a una mejora significativa en los ingresos de la clase trabajadora.
“La CUT hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que, en el marco de una movilización nacional, expida un nuevo decreto en las mismas condiciones en que fue suspendido”, señaló.
Facultad discrecional y constitucional
Arias sostuvo que el jefe de Estado cuenta con la facultad discrecional y constitucional para hacerlo, por lo que pidió no renunciar a lo que calificó como un derecho legal del Gobierno para “redimir y hacer justicia social en Colombia”.
La suspensión provisional del decreto abre un nuevo debate jurídico y político sobre el salario mínimo para 2026, mientras distintos sectores analizan el alcance de la decisión y las alternativas que podría adoptar el Ejecutivo frente a la determinación del Consejo de Estado.
“Es un acto de injusticia social, de mezquindad empresarial, de que los más poderosos y ricos de Colombia, emparentados en este momento con los magistrados del Consejo de Estado, que se ganan más de 40 millones, están atentando contra un acto de justicia social al quererle quitar 2 millones de pesos a los trabajadores colombianos. Rechazamos esa decisión del Consejo de Estado”, puntualizó.
Decisión del Consejo de Estado
El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, expedido por el Gobierno nacional, mediante el cual se fijó el salario mínimo legal para el año 2026 en $1.750.905.
La medida es cautelar, así que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto.
La Sección Segunda del alto tribunal, luego de acumular diecisiete demandas contra la norma, frenó los efectos del aumento, lo que significa que hasta que llegue la sentencia —que puede tardar incluso más de un año, como en 2016—, el salario mínimo no podrá entenderse como un 23% superior al del año pasado.
Juan Camilo Morales Trujillo, consejero ponente, es el autor de la medida. Su despacho analizó los argumentos de la casi veintena de acciones de nulidad, así como de las solicitudes de medida provisional, y lanzó un auto de 63 páginas no solo con la suspensión, sino con la orden de que el Ejecutivo publique un nuevo decreto.
