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En los últimos días, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 20253040052885 con el fin de prorrogar la suspensión del cobro de peajes en la estación del municipio de Turbaco, al norte de Bolívar, haciéndole frente al anterior acto administrativo que exoneraba del cobro hasta el 31 de diciembre de 2025.
La medida aplica únicamente para los vehículos de las categorías I (automóviles, camperos y camionetas) y II (buses, busetas y camiones de dos ejes) y se mantendrá en vigor hasta el 31 de enero de 2026. La disposición beneficia a los usuarios que transiten constantemente por el punto localizado en la vía que comunica a Turbaco con Cartagena.
Según establecieron en la resolución, la decisión responde a los hechos de orden en la zona y a la postura de la comunidad frente al recaudo en este tramo de la red vial.
Ahora bien, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) requiere de este tiempo (un mes) para realizar gestiones de mediación con las autoridades de Bolívar y los líderes de los comités que rechazan la presencia de la estación.
El objetivo del Gobierno consiste en lograr la aceptación de tarifas de tipo diferencial, con valores propuestos de 1.500 pesos para la categoría I y 2.000 pesos para la categoría II.
La resolución indica que la ausencia de recaudo genera efectos en la estructura del contrato de concesión 002 de 2021. Por esta razón, la ANI evaluará la viabilidad de la continuidad del proyecto en caso de persistir los bloqueos y las acciones que impiden el funcionamiento del peaje. En el texto se menciona que:
“Es imprescindible que, durante el término de la suspensión propuesta, la Agencia Nacional de Infraestructura continúe con el análisis de los argumentos técnicos, jurídicos y financieros que le permitan adoptar una decisión definitiva respecto de la continuidad del proyecto”.
Asimismo, la normativa señala que la medida busca garantizar la integración de la región y la movilidad en el norte del país.
La institución argumenta que: “la prórroga de la suspensión de las tarifas en Turbaco asegura el derecho a la libre circulación de los habitantes y transportadores que se desplazan entre Cartagena y municipios del norte de Bolívar”.
Por lo anterior, durante el mes de enero de 2026, las autoridades mantendrán las mesas de diálogo para definir el esquema de operación en este sector de la red de vías de la nación. No obstante, en múltiples conversaciones con La FM, Ángel Barreto, líder activista del comité ‘No más peajes’, indicó que las prórrogas no son más que una estrategia para dilatar un contrato que, según ellos, presenta irregularidades.
"La prórroga no es otra cosa que una dilatación a un contrato que hemos demostrado a toda costa las irregularidades, como, por ejemplo, la tercera prórroga que le dieron hasta el 21 de septiembre (2024) a la concesión para que hiciese el cierre financiero y no se dio. La prórroga no es otra cosa que tratar de darles tiempo a la concesión a que hagan dicho cierre financiero, más no para tener contento a la comunidad”, señaló Barreto.
Asimismo, Jaime Castillo, presidente de la Asociación de Transporte Público Intermunicipal de Pasajeros de Bolívar (Asotrapibol), comentó a este medio que, “con respecto a las mesas de trabajo, se han tenido reuniones donde han estado todos los actores y otras solo con los ministerios. Nos han preguntado que si queremos que la obra tenga recortes de alcance y nos han presentado múltiples opciones para poder continuar con la concesión del Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, pero no, todas esas propuestas que presentan son irreales”, manifestó Castillo a La FM.
¿Cómo inició este conflicto?
Las suspensiones en el peaje de Turbaco están directamente relacionadas con el decreto de abril de 2020 que ordenó la gratuidad en las estaciones del país por la emergencia sanitaria del COVID-19.
Sin embargo, la interrupción del recaudo por causas locales comenzó formalmente el 1 de diciembre de 2021, tras un periodo de más de 80 días de protestas lideradas por comités ciudadanos que buscaban el desmonte de la caseta como tal.
Por ende, la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) buscó mitigar las alteraciones al orden y establecer mesas de diálogo para resolver la inconformidad de los habitantes sobre la ubicación de la caseta en el sector urbano.
En ese orden de ideas, durante el periodo comprendido entre 2022 y 2024, la estación de peaje operó bajo un esquema de prórrogas sucesivas que eximieron del pago a los vehículos de las categorías I y II.
A pesar de los intentos por reactivar el cobro en momentos específicos, la persistencia de los bloqueos viales obligó al Ministerio de Transporte a emitir resoluciones de suspensión para evitar confrontaciones en la vía.
Por ahora, aunque las diferentes instituciones continúan poniendo propuestas sobre la mesa, la ciudadanía y los gremios se mantienen en firme en que la solución definitiva es el desmonte de la caseta.
