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El Gobierno Nacional estableció un Sistema Nacional con el propósito de articular esfuerzos institucionales para asegurar derechos, prevenir violencias y atender necesidades específicas de la población LGBTIQ+. La medida busca responder a las brechas históricas de reconocimiento y protección que enfrentan estas comunidades en el país.
¿Cómo funcionará el nuevo sistema?
El nuevo Sistema contará con tres componentes principales: una comisión intersectorial, un comité técnico y un observatorio de derechos, instancias que tendrán la misión de coordinar políticas, monitorear su implementación y generar información que apoye la toma de decisiones.
Desde el Gobierno se indica que la estructura permitirá organizar acciones entre entidades, tanto a nivel nacional como territorial y comunitario, con un enfoque de articulación permanente.
El decreto también establece que la estrategia funcionará en diferentes niveles del Estado para asegurar el goce efectivo de derechos, con metas dirigidas a reducir situaciones de vulnerabilidad y mejorar la pertinencia de la atención.
El Ministerio de la Igualdad señaló que ese mecanismo surge como respuesta a la invisibilización que por años han enfrentado personas con identidades y orientaciones sexuales diversas, y que ahora se pretende consolidar una ruta de trabajo basada en igualdad, solidaridad, reconocimiento y dignidad humana.
Acciones del nuevo sistema
Dentro de las responsabilidades asignadas, las entidades del Gobierno deberán ejecutar acciones que permitan avanzar hacia un país libre de discriminación, mientras que el Ministerio de Igualdad y Equidad queda a cargo de coordinar la redistribución de esfuerzos y orientar la política social dirigida a esta población. De acuerdo con el boletín, se busca consolidar un marco de gobernanza que haga posible que las instituciones involucradas fortalezcan su capacidad de respuesta.
En cuanto a las herramientas operativas, la Comisión Intersectorial y el Comité Técnico tendrán a su cargo la coordinación de políticas públicas, rutas de atención y medidas afirmativas, mientras que el Observatorio de Derechos recopilará, organizará y analizará información estratégica para orientar decisiones con base en datos y lectura territorial. Esta instancia permitirá focalizar recursos en los lugares donde se detecten mayores necesidades.
Además, el decreto incorpora varios enfoques transversales, entre ellos territorialidad, género, interseccionalidad, étnico-racial, curso de vida y justicia ambiental. Según el ministerio, esta perspectiva reconoce que la igualdad requiere atender diferencias entre regiones, edades, identidades y condiciones sociales, y que la política pública debe adaptarse a esas realidades.
La iniciativa busca garantizar que ninguna persona deba renunciar a su identidad u orientación para acceder a seguridad u oportunidades, y que el propósito es consolidar un país donde ejercer los derechos sea una garantía. El ministerio afirma que la decisión se enmarca en los objetivos del Gobierno de avanzar hacia entornos más incluyentes.
La entidad convoca a la ciudadanía, organizaciones sociales, academia y sector privado a participar en la promoción de una cultura de respeto y reconocimiento de la diversidad, indicando que este proceso es considerado una responsabilidad colectiva y un componente para el desarrollo social.
