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La Defensoría del Pueblo se pronunció tras los compromisos suscritos entre el Gobierno de Colombia y el Ejército Gaitanista de Colombia, en Doha (Qatar),
El organismo resaltó la importancia de estos acuerdos dentro del proceso sociojurídico en curso, en el que participan ambas partes, y señaló que los compromisos deben tener efectos concretos en los territorios donde las comunidades continúan exigiendo condiciones de paz y respeto a sus derechos.
Defensoría pide medidas claras para proteger a las comunidades
Uno de sus puntos centrales es el refuerzo del acompañamiento internacional al proceso. La Defensoría destacó el establecimiento de un mecanismo tripartito de seguimiento, monitoreo y verificación, que abarcará temas como el compromiso de no reclutamiento de menores de edad, la prohibición de violencias físicas y sexuales en su contra.
También se destaca la atención a dinámicas migratorias, la protección del entorno natural, el respeto a la paz electoral y la aplicación de principios del Derecho Internacional Humanitario.
El organismo señaló que estos compromisos requieren vigilancia constante para su efectiva implementación.
Frente al anuncio de avanzar en un traslado gradual y progresivo de sus integrantes a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), la Defensoría advirtió que aún es necesario definir con claridad los objetivos, condiciones de funcionamiento y cronogramas de estas zonas.
Según ese organismo, estos elementos son indispensables para garantizar que los compromisos pactados se traduzcan en acciones efectivas y en mayor protección para las comunidades y las víctimas en los territorios priorizados.
La Defensoría también insistió en la necesidad de adoptar medidas integrales que protejan a la población civil en las áreas donde se establezcan las ZUT y sus alrededores. Resaltó la importancia de asegurar la no estigmatización, la autonomía de las comunidades y el cumplimiento del principio de distinción, especialmente mientras el grupo armado continúe en armas.
La Defensoría señaló que cualquier contribución temprana a los derechos de las víctimas debe realizarse con claridad jurídica, acompañamiento institucional y enfoque de acción sin daño, teniendo en cuenta los impactos diferenciales en mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+ y niñez.
La Defensoría valoró el compromiso del Ejército Gaitanista de Colombia de socializar internamente los avances, pero también instó al Gobierno a desarrollar procesos de pedagogía pública en los municipios priorizados, con especial énfasis en aquellos donde se prevé la instalación de las ZUT. El organismo consideró necesario que las comunidades tengan información clara sobre el proceso de paz y sobre la naturaleza de las zonas proyectadas.
En cuanto a la participación étnico-territorial, la Defensoría enfatizó la importancia de incluir efectivamente a las autoridades de estos pueblos en los espacios de decisión, tanto en la pedagogía como en la conformación de grupos de trabajo.
También pidió atender las demandas presentadas por autoridades del Chocó, que han reiterado la necesidad de ser escuchadas en este proceso.
Así mismo, la Defensoría pidió activar un mecanismo idóneo y ágil que permita la entrega total de personas menores de 18 años presentes en las filas del EGC, con garantías de protección por parte del Estado.
Además, el organismo solicitó información sobre niños, niñas y adolescentes fallecidos o desaparecidos en el marco de su vinculación al conflicto, y la suspensión de cualquier forma de uso o instrumentalización de menores, incluso cuando permanezcan en sus hogares.
Finalmente, la Defensoría llamó al Gobierno Nacional y al Congreso a adoptar un marco jurídico que respalde los procesos de paz en curso, con enfoque constitucional y garantías para las víctimas. La Defensoría reiteró su disposición para acompañar el cumplimiento de los compromisos alcanzados desde su autonomía e independencia.
