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Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años con hemofilia A severa, murió en Bogotá el viernes 13 de febrero. Permanecía en cuidados intensivos en el hospital La Misericordia luego de que Nueva EPS autorizara su traslado desde Huila.
Pese a la afiliación del menor a la entidad, intervenida por el gobierno de Gustavo Petro a través de la Superintendencia de Salud, su tratamiento médico fue interrumpido, de acuerdo con denuncias públicas de su familia.
Las horas de angustia, súplicas y publicaciones en redes sociales elevaron la presión sobre la EPS, que apenas el 9 de febrero avaló su traslado a Bogotá para una atención más especializada. Pese a la persistencia del personal médico, Kevin murió.
El movimiento Pacientes Colombia, que reúne a cerca de doscientas organizaciones de pacientes en el país, aseguró que la muerte del menor se debe al "abandono" de Nueva EPS. La oenegé calificó su fallecimiento como “evitable”.
La Federación Colombiana de Enfermedades Raras siguió el caso de Kevin, quien el 8 de febrero ingresó al hospital San Antonio de Pitalito tras sufrir una caída mientras montaba bicicleta. No recibía su medicamento desde el 12 de diciembre de 2025.
Tampoco tenía una IPS asignada. “Esta es una grave vulneración del derecho fundamental a la salud y a la vida de un menor de edad”, denunció la Federación, que le exigió a Nueva EPS “una respuesta inmediata”.
El niño se golpeó la cabeza desde una altura de un metro y medio, aproximadamente. Su madre, Yudy Katherine Pico, lo llevó a urgencias en Palestina, un municipio huilense fundamentalmente agricultor de cerca de doce mil habitantes.
“Kevin requiere Emicizumab, un medicamento vital que debe aplicarse cada veintiocho días y del cual ya completa dos meses sin recibir ninguna dosis”, relató la señora Yudy. Desde Palestina, los médicos lo remitieron a Pitalito.
La IPS Medicarte terminó su convenio con Nueva EPS el primero de enero de 2026. Desde entonces, Kevin no tenía IPS asignada. La EPS le informó a la madre del menor del traslado a otra IPS, Integral Solutions, donde solo tuvo una consulta por teléfono.
IPS sin contratos y pacientes sin soluciones
Al día siguiente de la consulta, “me notificaron que esta IPS tampoco tenía contrato vigente con la EPS”, contó Pico. La consulta de hematología derivó en la orden de unos exámenes que, de todos modos, no fueron posibles.
“Hasta el momento la Nueva EPS no se ha hecho responsable, ni de la IPS del niño ni del medicamento”, sostuvo la madre antes del traslado a Bogotá. “La vida de mi hijo está en riesgo”, agregó, por no haber tenido Emicizumab en enero ni febrero.
Los pacientes con hemofilia, un trastorno hereditario que afecta a la sangre, son especialmente delicados. Por ley, las EPS deben garantizar una IPS que brinde atención integral, incluso en términos psicológicos, y que garantice la dispensación de medicamentos.
Pero Nueva EPS "no ha postulado para pagos a varias IPS", lo que causa que las prestadoras decidan romper alianzas y no atender, como le explica a La FM Aliosha Mendoza Choles, subdirectora de la Asociación de Pacientes con Enfermedades de Depósito Liosomal (Acopel).
"Al tener estas carteras tan altas, las IPS no quieren prestar la atención", así que las EPS deben "solucionar los pagos a terceros", dice Mendoza. De todos modos, "los pacientes no entienden del sistema de seguridad social, quién es el ordenador del pago o el pagador, ellos solamente necesitan soluciones prontas".
El golpe en la cabeza de Kevin provocó un sangrado cerebral, una condición de riesgo vital inmediato especialmente grave en pacientes con hemofilia severa y sin tratamiento, como él. La muerte del menor se confirmó este fin de semana. Tenía siete años.
La historia de Kevin es una muestra más de cómo se ha agudizado la crisis de Nueva EPS, la entidad de salud más grande del país y que la Superintendencia de Salud intervino en abril de 2024. Las quejas de sus usuarios crecieron el año pasado.
Huila, donde Kevin vivía, fue el departamento con mayor aumento de quejas ante la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con un reporte del Ministerio Público que acoge tanto pronunciamientos de pacientes como datos de la EPS.
En términos de porcentaje, las personas afiliadas a Nueva EPS en Huila incrementaron sus quejas en un 564%, pasando de registrar unas 39 en 2024 a 259 en 2025. El segundo departamento con mayor alza fue Vichada, con un 538%.
Las quejas en Nueva EPS solamente aumentan
Quindío era, entre las regiones priorizadas por la Defensoría, el departamento con más quejas ante el Ministerio Público, con 586 en 2024, y al año siguiente tuvo un aumento del 124%, con 1.314 casos en total. El balance en la Superintendencia de Salud es alarmante.
La superintendencia recibió 18.182 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de usuarios de Nueva EPS en 2024 en Norte de Santander. En 2025 la cifra creció en más de cinco mil casos, un 27%, hasta llegar a los 23.063.
Huila pasó de 14.668 PQRSD a 24.621, y Tolima, de 15.116 a 20.615. En el nororiente de Colombia los usuarios informan de más de seis meses, "inclusive años" —describe el ente de derechos humanos—, esperando medicamentos.
También preocupan las deudas del sistema de salud, sobre todo en territorios como Guainía y Guaviare, donde Nueva EPS es la única aseguradora. El Hospital San José del Guaviare, de segundo nivel, acumula un adeudo de $54.000 millones.
Las carteras en mora llevaron a 37 hospitales públicos en Antioquia a suspender servicios no urgentes a afiliados de Nueva EPS. En Chocó el hospital San Francisco de Asís se declaró en estado de emergencia, pues las urgencias superaron su capacidad en 280%.
La Superintendencia de Salud mantiene intervenida a Nueva EPS desde el 3 de abril de 2024, cuando alegó "una alarmante escalada" en las reclamaciones. Un año y medio después, el Gobierno adquirió el 51% de las acciones de la empresa.
Actualmente, la administración de Gustavo Petro —con Guillermo Alfonso Jaramillo a la cabeza del Ministerio de Salud— administra ocho EPS: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS).
Nueva EPS es la que conserva la mayor cantidad de quejas. De acuerdo con el observatorio Así Vamos en Salud, que desde 2002 evalúa varios indicadores sanitarios, la prestadora llegó a más de 38.000 peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025, ocho mil más de los anteriores a la intervención.
La tasa de reclamos llegó a 42,6 por cada diez mil afiliados, lo que la dejó en un tercer lugar, solo detrás de Famisanar, con 60,2, y SOS, con 54,7 reclamos, si bien ambas EPS suman unos 3,7 millones de usuarios, una tercera parte de los de Nueva EPS.
