Con un auto de 78 páginas, la Sección Primera del Consejo de Estado suspendió el Decreto 182 de 2026, el acto administrativo con el que el Gobierno nacional cambió las normas para afiliarse a determinadas EPS en el territorio nacional.
El decreto preveía trasladar unos tres millones de pacientes a Nueva EPS, la entidad de salud más grande del país, que ya cuenta con once millones de usuarios y está a cargo del Ejecutivo, que no solo la intervino, sino que es su accionista mayoritario.
Actualmente, la norma está suspendida por orden del Tribunal Administrativo de Antioquia, que, al igual que el Consejo de Estado, preliminarmente concluyó que la norma es desproporcionada y afecta los derechos fundamentales.
Espere más información...