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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de declarar la caducidad del contrato de concesión de Ferrocarriles del Pacífico y la obligación de pagar una sanción cercana a los 98 mil millones de pesos. La determinación se produjo tras un proceso judicial que se extendió por más de seis años y que revisó la legalidad de las actuaciones administrativas adelantadas por la entidad estatal.
La decisión judicial respaldó la medida adoptada por la ANI el 12 de noviembre de 2019, mediante la cual se dio por terminado el contrato de concesión No. 09-CONP98. La caducidad se fundamentó en el incumplimiento grave de las obligaciones contractuales asumidas por Ferrocarriles del Pacífico, relacionadas con la prestación del servicio de transporte de carga, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura ferroviaria entregada en concesión, así como el cuidado de los equipos férreos.
Confirmación de la sanción y de la competencia de la ANI
El fallo también ratificó la obligación del concesionario de pagar a la ANI la suma de $97.969.201.936 por los perjuicios ocasionados. Este monto corresponde a los efectos derivados de los incumplimientos contractuales identificados durante la ejecución del contrato. La sanción había sido impuesta inicialmente por la entidad en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio.
El alto tribunal negó en su totalidad las pretensiones presentadas por Ferrocarriles del Pacífico, validando las actuaciones adelantadas por la ANI. Según la decisión, la entidad contaba con la competencia legal para declarar la caducidad del contrato y actuó dentro de los parámetros establecidos para este tipo de procesos administrativos.
Asimismo, el Tribunal concluyó que durante el trámite se respetaron las garantías constitucionales del concesionario. En particular, se estableció que se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa, y que la ANI realizó un análisis detallado de los hechos, las obligaciones contractuales y los riesgos asumidos por la empresa al momento de suscribir el contrato de concesión.
Origen del litigio y decisiones administrativas
La controversia judicial tuvo su origen en las resoluciones expedidas por la ANI en 2019 y 2020. En la Resolución 1685 del 12 de noviembre de 2019 se declaró la caducidad del contrato de concesión, mientras que la Resolución 20207070005965 del 15 de mayo de 2020 confirmó dicha determinación tras los recursos presentados.
Posteriormente, Ferrocarriles del Pacífico presentó una demanda contra la ANI ante la jurisdicción contencioso administrativa. A través de este mecanismo, la empresa buscó la nulidad de las resoluciones, el restablecimiento del derecho contractual y una indemnización por los daños que consideraba derivados de las decisiones administrativas.
Luego de estudiar el caso en profundidad, el 28 de enero de 2026 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió negar todas las solicitudes del concesionario. La sentencia fue emitida con ponencia del magistrado Juan Carlos Garzón Martínez y puso fin al proceso judicial, al confirmar de manera integral la legalidad de la actuación de la ANI.
