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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expresó su respaldo al Auto 007 de 2025 emitido por la Corte Constitucional, en el que se declara el incumplimiento general en la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y se ordena su reajuste para los años 2024 y 2025.
La decisión, enmarcada en el seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, busca garantizar el derecho a la salud de los colombianos y fortalecer la sostenibilidad del sistema de salud.
La Corte evidenció problemas en el cálculo de la UPC y su impacto en el financiamiento del Plan de Beneficios en Salud (PBS), lo que ha generado una crisis financiera en el sector. Desde la ANDI, se ha alertado sobre esta situación en múltiples escenarios.
“La insuficiencia de recursos con cargo a la UPC ha acumulado un faltante cercano a los $15,5 billones entre 2022 y 2024”, señaló la organización. Además, advirtió que, de mantenerse los actuales niveles de siniestralidad en el sistema, el déficit para 2025 podría alcanzar los $10 billones.
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La insuficiencia de la UPC ha generado dificultades en el financiamiento del sistema, afectando el pago a prestadores, el salario del personal de salud y la compra de insumos y medicamentos. “Sin recursos suficientes y un flujo oportuno, la prestación adecuada de los servicios de salud corre peligro”, subrayó la Andi.
Ante este panorama, la Asociación destacó tres aspectos clave del fallo de la Corte:
Prioridad para los pacientes: El reajuste de la UPC garantizará que los recursos destinados al aseguramiento en salud cubranlos servicios y tecnologías incluidos en el PBS, beneficiando a más de 50 millones de afiliados.
Fortalecimiento del sistema de salud: La conformación de una mesa de trabajo con actores del sector permitirá corregir rezagos históricos, mejorar la calidad de los datos para el cálculo de la UPC y lograr una asignación más equitativa de los recursos. “Debemos garantizar que sea un mecanismo real de diálogo, concertación y decisiones técnicas”, enfatizó la Andi.
Compromiso del Gobierno Nacional: La orden de la Corte al Ministerio de Hacienda de garantizar los recursos necesarios para estos ajustes es un llamado a priorizar la financiación del sistema de salud. “La salud debe ser reconocida como un pilar fundamental del desarrollo social y económico del país”, indicó la Asociación.
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Finalmente, la Andi resaltó que esta decisión responde a una deuda histórica con el sector y sienta un precedente para la gestión futura del sistema de salud. En ese sentido, reiteró su disposición para participar activamente en los espacios de trabajo que se generen y contribuir con soluciones para la sostenibilidad financiera del sistema.
