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La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) el gremio que representa a las EPS del régimen contributivo, manifestó su preocupación frente al cierre de las mesas técnicas de revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 2021-2024, convocadas por el Ministerio de Salud, en cumplimiento de un auto de la Corte Constitucional.
De acuerdo con la entidad, aunque la Corte ordenó un ejercicio “técnico y transparente”, afirmaron que el Gobierno concluyó las sesiones sin reconocer la evidencia presentada sobre el déficit estructural del sistema de salud, el cual amenaza la atención de millones de pacientes en el país.
“El Gobierno insistió en la suficiencia de los recursos y desconoció los hallazgos aportados. El Ministerio de Salud concluyó las mesas señalando que no es posible realizar ajustes retroactivos a la UPC, al considerar que los cálculos de años anteriores se hicieron con la mejor información disponible y que corregirlos ex post sería premiar la ineficiencia y la mala gestión”, dijo.
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Apuntó que además es importante llamar la atención por la fiabilidad de los estados financieros presentados por las EPS, llegando a afirmar que con ellos habrían inducido a error a la Corte Constitucional.
“Finalmente, sostuvo que no habrá espacio para mayor financiación del sistema, salvo aquella que provenga directamente de aportes adicionales de empleados y empleadores”, remarcó”, indicó.
Acemi recalcó que el Ministerio de Salud afirmó que no es posible hacer ajustes retroactivos a la UPC, ya que los cálculos de años anteriores se realizaron con la mejor información disponible. Señaló además que corregir cifras ex post equivaldría a “premiar la ineficiencia y la mala gestión”.
En su postura, la cartera cuestionó la fiabilidad de los estados financieros reportados por las EPS, incluso sugiriendo que estos habrían inducido a error a la Corte Constitucional. Asimismo, ratificó que no habrá espacio para mayor financiación del sistema, salvo la que provenga de aportes adicionales de empleados y empleadores.
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Frente a esta posición, Acemi planteó cuatro puntos clave:
*La Corte pidió un debate técnico, no político. La asociación denunció que el Ministerio redujo la orden del alto tribunal a “simples opiniones”, bloqueando el acceso a bases de datos y negando un debate contrastable.
*Evidencia del déficit. Indicó que por cada $100 reconocidos por la UPC se gastan $109 en salud, lo que genera un déficit acumulado entre $26 y $33 billones. Negar esta situación, dijo, es ignorar el colapso financiero que ya sienten pacientes y prestadores.
*Impacto en pacientes. Recalcó que detrás de las cifras hay miles de colombianos que esperan medicamentos y tratamientos. “El déficit de la UPC no es un asunto contable, es un drama humano que requiere soluciones inmediatas”, señaló.
*Necesidad de confianza institucional. Recordó que los estados financieros de las EPS son auditados por la Supersalud y la Contraloría, por lo que pidió respaldar esa información como base para construir consensos políticos y técnicos.
Acemi cuestionó que el Gobierno cierre el debate sin reconocer la crisis financiera del sistema, lo que, a su juicio, dilata decisiones urgentes y pone en riesgo la vida de millones de pacientes.
La asociación anunció que “seguirá insistiendo ante los órganos de control y la propia Corte Constitucional para que se respete la orden de establecer una metodología con datos verificables y consensos políticos y jurídicos, que garanticen la sostenibilidad del derecho fundamental a la salud”.
