Justicia premial no, justicia negociada: ¿qué cambios se proponen para agilizar los procesos penales?

Jaime Lombana y Laura Camila Toro analizan en 'Aquí y Ahora' las propuestas del ministro designado Iván Cancino.

La eliminación de la audiencia de formulación de imputación, el papel de la Procuraduría y la justicia negociada fueron algunos de los temas discutidos en 'Aquí y Ahora' de La FM por los abogados Laura Camila Toro y Jaime Lombana, quienes analizaron las propuestas del ministro de Justicia designado, Iván Cancino, para reformar el sistema penal colombiano.

¿Por qué proponen eliminar la audiencia de imputación?

Laura Camila Toro sostuvo que se debe evaluar la eliminación de esta etapa porque los jueces de control de garantías no tendrían un control efectivo sobre las decisiones de la Fiscalía. Según explicó, en algunos casos la imputación puede presentarse de manera defectuosa y el juez no cuenta con facultades suficientes para intervenir. “Muchos jueces de control de garantías lastimosamente se han vuelto convidados de piedra”, afirmó.

La abogada planteó dos alternativas: eliminar la audiencia o entregar a los jueces facultades reales para ejercer un control material. Jaime Lombana coincidió y señaló que la imputación es “un acto de obstrucción al propio proceso”, por lo que consideró que debería desaparecer o transformarse.

Lombana propuso que el proceso comience con la radicación del escrito de acusación y que la defensa tenga un plazo razonable para preparar sus herramientas probatorias. También cuestionó el tiempo que puede transcurrir entre la imputación y la acusación, al señalar que existen procesos en los que este periodo puede extenderse durante años.

El abogado agregó que eliminar la imputación no significa buscar impunidad. “Pelear por garantías no es buscar impunidad”, afirmó, al defender que las personas sean juzgadas dentro de un debido proceso.

¿Qué papel debería tener la Procuraduría en el proceso penal?

Otro de los puntos planteados fue la eliminación de la Procuraduría del proceso penal. Lombana sostuvo que esta figura es ajena al sistema acusatorio y afirmó que su intervención puede afectar la igualdad de armas entre las partes. Toro coincidió y explicó que, en algunos escenarios, el Ministerio Público interroga o busca incorporar pruebas, lo que, a su juicio, puede inclinar la balanza hacia la Fiscalía.

La abogada señaló que la propuesta no implica eliminar la institución, sino retirar su participación dentro del proceso penal. Según explicó, los funcionarios que actualmente cumplen esas labores podrían desempeñarse en otras funciones dentro de la administración de justicia.

En este punto, Lombana también planteó revisar el derecho a la última palabra, al considerar que en determinadas ocasiones la intervención de la Procuraduría altera la estructura del proceso acusatorio.

¿Cómo debería funcionar la justicia negociada?

Iván Cancino, según lo expuesto durante la entrevista, prefiere hablar de justicia negociada en lugar de justicia premial. “Al delincuente no se le dan premios, se negocia”, afirmó el ministro designado, al explicar que las soluciones deben considerar el delito y el nivel de aporte de quien decide colaborar.

Toro sostuvo que existen restricciones que dificultan las negociaciones, mientras Lombana defendió revisar las prohibiciones absolutas y analizar cada caso según el contexto entre víctima y victimario. Ambos plantearon que el sistema debe buscar mecanismos para obtener soluciones más rápidas y efectivas, sin desconocer las garantías de las partes.

Durante la conversación también se propuso revisar el incidente de reparación, la etapa de preparación del juicio y la distribución de funciones entre jueces. Toro planteó que un juez depure las pruebas antes del juicio y otro conozca el debate oral, mientras Lombana coincidió en reformar la audiencia preparatoria, aunque consideró que la división entre jueces requiere mayor discusión.

Finalmente, Toro mencionó la posibilidad de separar las funciones de investigación y juzgamiento dentro de los procesos disciplinarios contra abogados, jueces y fiscales. También se abordó la edad de responsabilidad en el sistema penal adolescente para delitos graves, como otro asunto que podría ser incluido en una eventual reforma.

*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM.


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