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Nada parece calmar las aguas entre el Centro Democrático y el abelardismo. La nueva polémica gira en torno a la posesión presidencial.
La discusión se produce en un momento de particular tensión política. Apenas unos días después de instalarse el nuevo Congreso, el presidente electo Abelardo De la Espriella comenzó a medir sus fuerzas en el Legislativo con la propuesta de trasladar la ceremonia de posesión del tradicional Salón Elíptico del Capitolio Nacional al departamento del Cauca. La iniciativa fue presentada por el senador Enrique Gómez y obtuvo el respaldo de 55 senadores, frente a 32 votos en contra, convirtiéndose en la primera victoria política del mandatario electo en el Congreso. Sin embargo, la decisión aún requiere el aval de la Cámara de Representantes para quedar en firme.
La votación también dejó en evidencia la nueva configuración de fuerzas políticas en el Senado. Aunque el Centro Democrático respaldó mayoritariamente la realización de la posesión en el Cauca, el debate posterior sobre la posibilidad de hacerla en una guarnición militar abrió diferencias dentro del mismo sector político, particularmente entre dirigentes cercanos al uribismo y voceros del presidente electo.
Aunque ayer le aprobaron al presidente electo realizar su posesión en el Cauca, aún no está claro si podrá hacerlo en una guarnición militar. El principal opositor a esa posibilidad ha sido el senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, quien insiste en que el presidente debe posesionarse ante el Congreso en un recinto civil. A su juicio, hacerlo en una instalación militar implica politizar a las Fuerzas Militares, que no son ni deben ser deliberantes.
Pues les cuento que esa postura no es exclusiva del senador Nieto ni responde, como han dicho algunos desde el abelardismo, a un intento por "atravesarse". Esa tesis también cuenta con el respaldo de varios militares en retiro e, incluso, de algunos activos, quienes me aseguran que es fundamental que no exista ninguna duda sobre la subordinación constitucional de las Fuerzas Armadas al presidente de la República, un principio que históricamente se ha respetado en Colombia. Sin embargo, también coinciden en que la seguridad es una prioridad.
La controversia también ha sido alimentada por el hecho de que el presidente saliente, Gustavo Petro, manifestó públicamente su desacuerdo con la posibilidad de que la ceremonia se realice en una instalación militar, recordando que hasta el momento del juramento el comandante supremo de las Fuerzas Militares sigue siendo el jefe de Estado en ejercicio. Ese argumento ha sido utilizado por distintos sectores para insistir en que la discusión no es únicamente logística o de seguridad, sino también institucional y simbólica sobre la relación entre el poder civil y la Fuerza Pública.
Ahora bien, si finalmente no es una guarnición militar, ¿dónde sería la posesión? ¿Qué recinto en Popayán ofrece las condiciones de seguridad necesarias para que el primer mandatario tome posesión, con la presencia del Congreso en pleno y de los invitados internacionales?
La preocupación aumenta porque el tiempo corre y cada vez queda menos margen para realizar los preparativos, especialmente los relacionados con la seguridad, con el fin de garantizar que no ocurra ningún incidente en una de las regiones más golpeadas por la violencia y la presencia de grupos armados. Más aún cuando, hace apenas una semana, un dron impactó un helicóptero del Batallón José Hilario López.
A ello se suma el desafío logístico que implicaría trasladar a los congresistas, las altas cortes, el cuerpo diplomático y las delegaciones internacionales hasta Popayán, un aspecto que también fue objeto de debate durante la discusión en el Senado. Mientras los promotores de la iniciativa sostienen que llevar la posesión al Cauca enviaría un mensaje de presencia institucional en una región históricamente afectada por el conflicto, sus críticos consideran que la prioridad debe ser preservar el carácter republicano de la ceremonia y garantizar que el acto de transmisión del mando presidencial se desarrolle sin generar controversias sobre la institucionalidad o el papel de las Fuerzas Militares.
