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La organización de Pacientes de Alto Costo hizo una grave alerta ante la suspensión de tratamientos para cerca de 6.000 personas que viven con VIH en Colombia, debido a las millonarias deudas de la Nueva EPS con una IPS encargada de su atención.
Néstor Álvarez, vocero de los Pacientes de Alto Costo, hizo un llamado urgente al Gobierno, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General y la Contraloría, al indicar que esa situación pone en riesgo la vida de miles de colombianos que dependen de su tratamiento retroviral diario.
“Estamos denunciando y haciendo un llamado a la Nueva EPS, a la Supersalud y al Gobierno. No puede seguir esta crisis generada para los pacientes. Desde hoy comenzó la no atención de aproximadamente 6.000 personas con VIH, atendidas por una IPS que ya no puede seguir entregando retrovirales debido al no pago de la Nueva EPS. Cada día aumenta la deuda, y la situación se vuelve insostenible”, afirmó Álvarez.
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De acuerdo con el vocero, la IPS afectada se ha visto obligada a suspender la entrega de medicamentos antirretrovirales, indispensables para mantener controlada la carga viral y evitar el avance del virus.
“Sin estos tratamientos, los pacientes corren un alto riesgo de desarrollar complicaciones graves, adquirir infecciones oportunistas y perder la adherencia al tratamiento, un escenario que puede resultar letal en cuestión de semanas”, sostuvo.
Dijo que “es una carrera en caída libre hacia la muerte...le pedimos al ministro de Salud y a todas las autoridades de control que no dejen morir a estos 6.000 pacientes por culpa del abandono y la irresponsabilidad de la Nueva EPS”, apuntó.
La denuncia se suma a una serie de quejas de asociaciones de usuarios y prestadores del servicio de salud que aseguran que los retrasos en los pagos por parte de las EPS están provocando el colapso financiero de muchas IPS, afectando especialmente a pacientes con enfermedades de alto costo como VIH, cáncer, insuficiencia renal y trasplantes.
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Fuentes del sector salud aseguran que la Nueva EPS mantiene deudas que superan varios meses de servicios prestados, lo que impide la compra de medicamentos y la continuidad de tratamientos especializados.
Las organizaciones de pacientes pidieron que la Superintendencia Nacional de Salud ejerza sus funciones de inspección y vigilancia sobre la Nueva EPS y que las entidades de control investiguen la destinación de los recursos públicos.
“Estamos hablando de vidas humanas. No es un asunto administrativo ni financiero: es un problema de salud pública y de derechos fundamentales”, enfatizó Álvarez.
