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La presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), Ana María Vesga, se refirió en entrevista con La FM de RCN Radio al decreto del Gobierno que plantea modificaciones al sistema de salud. Según afirmó, el contenido del decreto coincide en gran medida con el proyecto de reforma a la salud, ya conocido públicamente.
“El decreto no es muy distinto de lo que está contenido en el proyecto de reforma”, explicó Vesga. En su opinión, este incorpora modificaciones importantes en las responsabilidades y roles de las EPS, así como en los mecanismos de financiación. Indicó que actualmente se cuenta con un modelo “ahogado”, y que este cambio estructural ocurre “con la misma plata”, lo cual genera interrogantes sobre su efectividad.
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Acceso a medicamentos y citas médicas
Vesga fue consultada por los problemas de desabastecimiento de medicamentos y demoras en la atención médica. Frente a la pregunta sobre si el nuevo decreto contribuirá a resolver estas dificultades, fue enfática: “Desde luego que no”.
Afirmó que el nuevo modelo se inicia con el mismo presupuesto, el cual calificó de insuficiente. Según indicó, no existe en el decreto una solución al problema del acceso a fármacos formulados ni al de citas con especialistas. Al respecto, advirtió: “Puede ser peor”, al señalar que una de las funciones esenciales de las EPS es organizar redes para garantizar oferta suficiente, una función que, con el decreto, pasaría a las entidades territoriales.
Unidades médicas en riesgo
Frente al cierre de unidades de neonatología, pediatría y urgencias, Vesga afirmó que el decreto no contiene medidas para evitarlo. “Para nada, para nada, para nada”, respondió al ser interrogada sobre el tema.
Sobre el propósito del decreto, señaló que se trata de una “plataforma fundacional” de la reforma a la salud, cuyo objetivo sería ampliar el ejercicio del ente territorial y del sector público en la administración del sistema, reduciendo las funciones de las EPS.
Vesga también sostuvo que el decreto representa un “paso ilegal” y “evidentemente inconstitucional”, por modificar disposiciones que están definidas en la ley 100, la cual solo puede ser modificada por otra ley. “El decreto tiene riesgos de legalidad y tiene riesgos de inconstitucionalidad”, advirtió.
Recordó que el Gobierno ya había implementado un plan piloto con el magisterio, el cual, según indicó, “fue un absoluto desastre” y “colapsó”. Afirmó que ese resultado podría repetirse si el decreto se implementa plenamente o si avanza la reforma en el Congreso.
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Aumento en uso de medicina prepagada
Durante la conversación, el profesor Fernando Quijano aportó datos sobre el crecimiento de la medicina prepagada. Indicó que estas empresas están teniendo “el mejor semestre de la historia”, cumpliendo sus presupuestos de forma anticipada, lo cual reflejaría un traslado de usuarios desde el sistema público hacia esquemas privados.
Según Quijano, “la gente que tiene alguna capacidad económica se está volcando a la medicina prepagada”. Añadió que esta tendencia puede estar profundizando la inequidad en el sistema de salud, ya que quienes no cuentan con recursos “quedaron colgados” del modelo solidario contemplado en la ley 100.
