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A través de una carta de ocho páginas, la Procuraduría General de la Nación le pidió al Gobierno medidas urgentes para evitar un colapso en el sistema de salud.
La Procuraduría pide solucionar los problemas de financiamiento, la escasez de medicamentos, insumos y de dispositivos médicos "que ha venido impactando el acceso oportuno a la prestación de los servicios de los afiliados y beneficiarios en los regímenes contributivo y subsidiado de la población durante lo corrido del año 2022 y lo que se prevé para 2023".
En entrevista con La FM, la procuradora delegada de Salud, Protección Social y Trabajo, Diana Margarita Ojeda, aseguró que se está actuando en defensa de los derechos fundamentales de la salud.
"Existen dificultades en la desfinanciación de la unidad de pago de capitación para el 2022 y lo que se tiene proyectado para el 2023. Esta situación afecta gravemente el orden financiero de las EPS y las garantías de la prestación de los servicios de salud", destacó.
De acuerdo con la Procuraduría, los puntos clave para tratar de manera urgente, para garantizar la prestación de servicios en los pacientes son los siguientes:
- Insuficiencia de la UPC 2022 y las proyecciones realizadas para el 2023
- Los traslados forzosos por las liquidaciones de EPS intervenidas y el impacto a las que continúan en la operación y asumen la carga de esa población que muchos vienen con enfermedades de alto costo.
- Los efectos del Long-Covid que demandan para diversas patologías mayor frecuencia de uso en los servicios.
- Déficit por Presupuestos Máximos 2021 y 2022; pese a no estar incluidos en los Planes de Beneficios y ya estar reconocidos por el Gobierno se han pagado.
- Escasez de Medicamentos e Insumos y dispositivos médicos
En cuanto al sistema de salud que se viene manejando y la integración de las EPS, la procuradora indicó que no son perfectas pero que se viene viene construyendo en casi tres décadas y funciona con algunos problemas.
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