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El Ministerio de Salud anunció que fueron invertidos cerca de 10.000 millones de pesos para cofinanciar la Certificación de Discapacidad en Colombia y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), en 40 entidades territoriales distribuidos en 32 departamentos y ocho distritos.
Esta inversión se realizó mediante la Resolución 619 de 2024, en un proceso en el que el estado colombiano ha reconocido a 414.810 personas con algún tipo de discapacidad, lo que les ha facilitado acceder a programas de bienestar y asistencia social.
“El objetivo de estas consultas es establecer, de manera objetiva, si el paciente cuenta con algún tipo de discapacidad que lo haga acreedor al certificado y al registro aquí mencionado”, indicó.
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Apuntó que este programa inició en el año 2020 y, a corte de octubre de 2024, se ha alcanzado un total de 414.945 personas certificadas.
“Este procedimiento es gratuito para las ciudadanas y ciudadanos que lo solicitan, ya sean adultos jóvenes, personas mayores, niñas, niños o adolescentes, sin límite de edad, quienes por autoreconocimiento consideran que cuentan con algún tipo de discapacidad”, explicó.
Apuntó que para dar inicio al trámite, los pacientes deben solicitar su historia clínica ante su EPS; una vez lo obtengan, deberá ser entregada, junto con la solicitud para la certificación de discapacidad, a la Secretaría de Salud de su ciudad o municipio.
“Cuando la entidad apruebe dicha petición, se expedirá un nuevo documento, acompañado de un código, el cual debe presentar cuando sea llamado a la cita de valoración multidisciplinaria de discapacidad.
Esta entrevista es orientada por un equipo multidisciplinario que puede estar conformado por un médico general o especialista, un fisioterapeuta, un fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional, un psicólogo, un enfermero, un optómetra o un trabajador social, según disponibilidad.
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La certificación de discapacidad colombiana está basada en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF). Este proceso permite determinar la existencia de alguna discapacidad mediante la evaluación de siete posibles deficiencias en funciones y estructuras corporales, limitación en las actividades y restricción en la participación.
“Se identifican además las diferentes categorías de discapacidad: física, auditiva, visual, psicosocial o mental, intelectual (Ej. algunas dificultades cognitivas relacionadas con la discapacidad), sordera, ceguera, y múltiple (dos o más categorías discapacidades). Finalmente, si la valoración indica que existe alguna de estas posibles discapacidades, se le entrega al paciente su certificado, emitido desde un aplicativo especial del ministerio, el cual le sirve para acceder a beneficios sociales, como apoyo para el trabajo, educación, vivienda, deporte, cultura, o una indemnización administrativa por parte de la Unidad de Víctimas. Estas ayudas buscan mejorar su inclusión social y su calidad de vida”, subrayó.
Según el Ministerio de Salud, la información recopilada a través del RLCPD es fundamental para la formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas que promueven los derechos de las personas con discapacidad.
“Este esfuerzo no solo apoya a las entidades territoriales y ESE en la implementación de procesos cruciales, sino que también sienta las bases para una gestión más efectiva de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su bienestar integral hasta en los rincones más apartados del país”, puntualizó el Ministerio de Salud.
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