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Toda una controversia ha generado la propuesta de permitir que los militares y policías de Colombia sufraguen en las distintas jornadas electorales del país, una iniciativa que ha sido presentada varias veces en el Congreso y rechazada con el argumento de una posible presión de los oficiales sobre los soldados.
Sin embargo, pese a que históricamente fue común este veto en Latinoamérica, actualmente solo cuatro países, incluyendo a Colombia, mantienen esa prohibición. Se trata de Guatemala, Honduras y Paraguay.
Hasta países como Argentina y Chile, que atravesaron dictaduras militares en el siglo pasado, tienen efectivo el derecho al voto de los uniformados.
Incluso países como Ecuador y Perú reestablecieron la facultad de los militares para votar, en 2017 y 2006 respectivamente, aunque se mantuvo la prohibición de postularse a cargos públicos y participar en actividades partidarias mientras estén activos.
Por otro lado, en países como Estados Unidos (pionero en la defensa del voto de sus militares) el día en que hay elecciones llevan los equipos de votación a cada una de las dependencias de los uniformados y ellos votan, aunque no pueden opinar de política.
El hecho de que cualquier militar o policía contradiga o apoye a un político públicamente conlleva a que se pierda la unidad y obediencia al Ejecutivo, fundamental para que los gobernantes dirijan el país.
Las reacciones no se han hecho esperar y la polémica está en su punto más candente. Hasta el presidente Iván Duque opinó sobre el tema y se mostró en desacuerdo con la iniciativa de su partido, el Centro Democrático.
Entre las voces en contra, también está la del exnegociador de paz con la Farc, Humberto De la Calle Lombana, quien señaló que “el voto de los militares es un tremendo error de consecuencias nocivas. Eso fue lo que hizo Hugo Chávez” en Venezuela.
Por otra parte, entre las voces a favor está la de Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), argumentando que es un derecho fundamental, aunque debe ser estrictamente reglamentado para que no haya política en los cuarteles, que el voto sea secreto y si un superior quiere influir en la determinación del subordinado incurra en una situación irregular y sea sancionado.
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Lo cierto es que la propuesta vuelve a ser un debate de interés nacional y será llevada al Congreso por el representante a la Cámara, Ricardo Ferro, quien considera que el derecho al voto es universal y no debe ser violado para absolutamente ningún ciudadano, independiente de su condición frente al Estado.
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