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El Centro Democrático dejó una constancia durante la aprobación en primer debate de la Ley de Orden Público (ley 418), a través de la cual advierte que impulsará una proposición que le permita al Gobierno solicitar la reactivación de las órdenes de captura contra quienes no se presenten ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
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Para el senador Iván Cepeda, se trata de una propuesta hecha a la medida de Iván Márquez y alias ‘El Paisa’, quienes habrían decidido retirarse del proceso de reincorporación.
Según Cepeda, la aprobación de una iniciativa de esta naturaleza puede afectar seriamente la implementación del acuerdo suscrito con las Farc.
“El Centro Democrático busca que dentro de esta ley se incluya el activar las órdenes de captura a las personas que no se presenten ante la Jurisdicción Especial de Paz”, señaló.
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“Concretamente creemos que ese es un artículo que se propondría específicamente para buscar que Iván Márquez y el señor El Paisa puedan ser objeto de una acción de facto crearía una situación muy grave para el proceso de paz”, añadió.
El congresista del Polo Democrático dijo que podría presentar una demanda de inconstitucionalidad contra varios de los artículos aprobados en la Ley 418, la cual ya pasó a estudio de las plenarias de Senado y Cámara.
Este es el texto del artículo nuevo que presentaría el Centro Democrático:
En todo caso, de manera excepcional y por motivos de seguridad o interés público, el Gobierno Nacional podrá solicitar a la autoridad correspondiente de la Jurisdicción Ordinaria, la reactivación de las órdenes de captura que se hayan suspendido en la virtud de la presente ley.
Los voceros o miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley afectados con esta medida, en el término de 30 días podrán presentar voluntariamente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Si pasado ese término no se presentan voluntariamente ante la JEP, las autoridades de justicia ordinaria darán cumplimiento a la captura y los pondrán a disposición de la Jurisdicción Especial de Paz, quien definirá su situación de libertad en el plazo máximo de 90 días.
Esta propuesta está firmada por el representante uribista Álvaro Hernán Prada y tendría el respaldo de toda la bancada.
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