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La propuesta que lanzó el presidente Gustavo Petro en Naciones Unidas de implementar un fast track en el Congreso de la República para sacar adelante las reformas del Gobierno, continúa dando de qué hablar en los sectores políticos del país.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre esta iniciativa y advirtió que la misma es inconstitucional, tal y como lo señaló en su momento cuando se utilizó ese mecanismo para sacar adelante las leyes de la implementación del acuerdo de paz.
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“El Fast Track, procedimiento abreviado, de menor cantidad de debates adoptado por el Congreso para la modificar la Constitución durante el Acuerdo con la Farc, se constituyó en un abuso violador de la Constitución. Si a alguien le delegan una función y le definen los instrumentos para cumplirla, ese delegatario incurrirá en un abuso si modifica los instrumentos”, indicó.
Dijo que permitir un nuevo fast track en el país es violar la voluntad del pueblo colombiano, que a través de la constituyente de 1991, estableció que el trámite de las reformas constitucionales deberían tener ocho debates y no cuatro, como una simple ley.
“La Asamblea Constitucional de 1991, elegida por el pueblo, Constituyente Primario, delegó en el Congreso la posibilidad de modificar la Constitución promulgada ese año. También definió un procedimiento que exigía 8 debates. Sin embargo, el Congreso, por iniciativa del Gobierno, redujo el número de debates para facilitar la Reforma Constitucional. Esto es, el Congreso, como mandatario para reformar la Constitución, se apartó de las reglas que le definió el mandante, el Pueblo, a través de la Asamblea Constitucional. Y los ocho debates tienen la razón de exigir que cualquier Reforma Constitucional tenga más estudio, controversia, reflexión, que la simple aprobación de la ley”, sostuvo Uribe.
El líder del Centro Democrático, principal partido de oposición, dijo que los procedimientos que están establecidos pata el trámite de las iniciativas y aprobación de las mismas, no pueden ser modificados.
“Imposible aceptar la exequibilidad del Fast Track si además se tiene en cuenta que la Constituyente del Presidente Alfonso López Michelsen fue declarada inexequible por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, de acuerdo con el Plebiscito que regía antes de la Constitución de 1991, el Congreso tenía la competencia exclusiva para Reformar la Constitución. Por iniciativa del Presidente López Michelsen el Congreso aprobó convocar una pequeña Asamblea Constituyente para reformar la Justicia y el Ordenamiento Territorial”, indicó.
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“La Corte dijo que el Congreso no podía delegar su competencia de reformar la Constitución. Eso significó que los instrumentos, o el procedimiento, que la Constitución le señalaba al Congreso para ejercer su competencia de modificación Constitucional, no podían ser variados por el Congreso”, añadió.
Para Uribe, la propuesta de fast track es “dañina” y llama la atención sobre que ahora tiene los mismos actores y otros que están “ocultos”.
