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El texto de la Justicia Especial para la Paz aprobado en tercer debate en la Comisión Primera del Senado, plantea un blindaje jurídico para los particulares que sean vinculados como presuntos responsables en el conflicto armado.
Según la iniciativa, ningún civil podrá ser llamado a responder ante la JEP si primero no existe una denuncia oficial en su contra ante un órgano externo como la Fiscalía.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que “va a quedar claro que los terceros civiles solo irán a la JEP cuando hayan sido determinantes en el desarrollo del conflicto en la comisión de un delito de lesa humanidad o crimen de guerra”.
“Esto no se dará por el testimonio de alguien, sino que tendrá que ser corroborado por medios de prueba distintos al testimonio”, añadió.
El senador Germán Varón Cotrino, quien fue el artífice de esta propuesta, aseguró que eso evitará una “cacería de brujas” de particulares o empresas que sean vinculadas al conflicto.
“Esto es para evitar que los carteles de falsos testigos puedan involucrar a la gente en procesos en los que se termina haciendo un daño irreparable”, manifestó.
La reforma a la justicia especial para la paz pasó a estudio de la plenaria del Senado de la República.
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