Reforma judicial aumentaría régimen de inhabilidades para procurador, contralor y fiscal

La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, comenzó a socializar el borrador del proyecto de reforma judicial que presentará al Congreso de la República este año.

Cabello se reunió con los integrantes de la Comisión Primera del Senado, con quienes pudo compartir las diferentes ideas que hay en torno a esta iniciativa que es crucial para mejorar el funcionamiento de la justicia en Colombia.

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Según confirmó la representante del Gobierno, el proyecto contendrá la propuesta que se ha venido liderando desde otros sectores con la cual se busca aumentar el régimen de inhabilidades que hoy tienen algunos altos funcionarios del Estado como el procurador, el contralor y el fiscal general para aspirar a la Presidencia.

“En el fondo lo que trata es de reforzar la seguridad jurídica, de quitarle las facultades electorales a las cortes, lo cual ha generado varios problemas; de establecer una serie de inhabilidades y reglamentarlas constitucionalmente para los magistrados de altas cortes y algunos funcionarios”, indicó.

Dijo también que el proyecto contiene, “la idea de establecer el precedente (judicial) como fuente obligatoria a nivel constitucional y posiblemente ampliar facultades a las entidades privadas, como notarios y centros de conciliación para ayudar a descongestionar el sector justicia”.

La ministra Cabello reconoció que se trata de temas muy polémicos que requieren un amplio consenso entre la mayoría de los sectores políticos y por eso no descartó que la radicación de la reforma se aplace hasta mitad de año.

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“Es parte de las conversaciones analizar el contenido de lo que podría ser un proyecto de reforma constitucional, lo más consensuado posible y además, analizar los tiempos para que realmente se pueda pensar en un proyecto que vaya por buen camino hacia un éxito posible”, indicó.

La propuesta de fortalecer el régimen de inhabilidades toma cada día más fuerza en el Congreso de la República tras considerar que los altos cargos en los organismos de control no pueden ser utilizados como instrumento de persecución o como plataforma política para llegar a la Presidencia de la República.