Reforma a la salud: Congreso decidió que se tramitará como ley ordinaria

Los presidentes de las Comisiones Constitucionales de la Cámara de Representantes dirimieron el conflicto de competencias que se había generado en torno a la reforma a la salud y decidieron que el proyecto continuará su trámite como una ley ordinaria y no como una ley estatutaria.

Esto quiere decir que la iniciativa se quedará en la Comisión Séptima de la corporación y su discusión podrá continuar en medio de estas sesiones extraordinarias.

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El presidente de la Cámara, David Racero, dijo que como la decisión inicial había sido apelada, tuvieron que adelantar una reunión que contó con la presencia “de seis de los siete presidentes de las Comisiones Constitucionales, quienes tomaron la decisión final, yo como presidente de la Cámara no tuve voto en ella”.

Juan Carlos Wills, presidente de la Comisión Primera de la Cámara, quien fue el generó esta colisión de competencias dijo que aunque se impuso la posición mayoritaria de tramitar la reforma como una ley ordinaria, se logró un acuerdo para excluir del proyecto algunos artículos que son de carácter estatutario.

“Hay una posición del Gobierno Nacional que ratifica que la totalidad del articulado debe ir por vía ordinaria, pero no cierra la puerta para que si hay algún artículo que tenga la sensación de que deba tramitarse por vía estatutaria, se pueda retirar del articulado y darle el trámite correspondiente”, indicó.

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Por su parte, el presidente de la Comisión Séptima, Agmeth Escaf, dijo que dará todas las garantías en medio del debate de la reforma a la salud y confirmó que serán los ponentes los que definan qué artículos del proyecto que toquen temas estatuarios relacionados con el derecho fundamental a la salud, deberían ser retirados.

“Antes de la ponencia estaríamos haciendo ese trabajo, todavía no hemos definido los ponentes, empezamos el proceso esta semana y en cuanto ya se tenga la definición y tengamos el texto de la ponencia, estaremos informando. Será trabajo de los ponentes y solo falta arrancar el debate”, manifestó.

Como se trata de una decisión definitiva, contra la misma no cabrían otras apelaciones, solo una eventual demanda ante la Corte Constitucional una vez la misma sea aprobada en el Congreso y posteriormente sancionada por el presidente Gustavo Petro.