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Expertos y ciudadanos que hacen parte de mesas de trabajo y organizaciones sociales pidieron que se archive el proyecto de ley que pretende modificar el régimen de propiedad horizontal, que hace curso en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y que lo califican como “un mar de ignorancia y de desconocimiento jurisprudencial”.
Según Germán Bulla, presidente de la Mesa Ciudadana de Propiedad Horizontal del Distrito, “el análisis de artículo por artículo arroja preocupantes conceptos que reemplazan otras definiciones contenidas en la ley, como lo relacionado con vivienda turística. Además, incorpora el código de convivencia y seguridad ciudadana, quitando la potestad a los copropietarios decidir sobre el particular”.
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Asimismo, indicó que “en temas de desarrollo urbanístico se aprovecha para modificar temas de ciudad que no deben ser cambiados y la participación la pretende asimilar a las Juntas de acción comunal cuando la propiedad horizontal son asuntos de derecho privado donde los copropietarios plantean sus propias reglas de participación en el marco de ley”.
“El proyecto trata a la administración de propiedad horizontal como una profesión y no lo es. Los que administran propiedad horizontal son gestores, pero no profesionales, estableciéndose en la propuesta un régimen sancionatorio y un tribunal de ética que no aplica para el oficio”, agregó.
De acuerdo con el estudio, el proyecto tampoco resuelve la existencia de un ente que inspeccione, vigile y controle el tema de propiedad horizontal y ante las inconformidades, los expertos radicaron ante la Cámara de Representares y sus presidentes de comisión, un documento con las consideraciones que sustentan el archivo de la iniciativa y que recoge la opinión de académicos.
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Bulla aseguró que “el proyecto se plantea sin observancia a la metodología o técnica legislativa, sin rigor jurídico y de manera desordenada. Con una conceptualización imprecisa sin considerar las definiciones propias, generando un glosario nuevo que además es confuso e impreciso, pareciese que hasta con cierta intencionalidad”.
Concluyó diciendo que “en el proyecto se observa el favorecimiento a los grupos de poder que participan e invierten en el sector de la generación y construcción de vivienda como de otros actores que pretenden complementar la actividad, lo cual se da por no existir una política pública ciudadana y de Estado de propiedad horizontal”.
