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LA FM conoció la determinación en segunda instancia, tras analizar los cargos en contra del funcionario, quien fue acusado de suscribir varios contratos millonarios de forma irregular relacionados con un software pero que en la realidad fueron para otros fines.
Para la Procuraduría, la responsabilidad de Velásquez se configuró al omitir sus funciones de verificación en las adiciones a contrataciones que se realizaron a través de la Unión Temporal Senado 2008 que no justificaban la adquisición de inmuebles, enseres y demás, cuando la finalidad del contrato era para un software.
“Si se pretendía adicional un bilateral, lo mínimo era verificar que se tratara del mismo objeto, que fuera su complemento, que con el nuevo objeto se pretendía satisfacer a plenitud lo que la entidad quiso con el primer bilateral, pero al no hacerlo, permitió que con la nueva relación contractual se adquirieran otros bienes y servicios que aunque correspondieran a un mismo ramo (equipos de cómputo y tecnología, mantenimiento preventivo y correctivo), en nada se relacionan con el contrato de compraventa inicial”, señala el documento.
Las conductas del exdirector administrativo fueron calificadas por la Procuraduría como gravísima y por lo tanto quedará en firme la sanción de destitución e inhabilidad por 11 años en cargos públicos. Contra esta decisión no procederá ningún recurso y será enviado al Congreso de la República para que tome las acciones correspondientes tras la sanción de la Procuraduría.
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