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Durante su intervención en la edición número 59 de la Convención Bancaria de Asobancaria, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, afirmó que la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro fue rechazada de manera formal por el Senado de la República, descartando así la posibilidad de interpretaciones jurídicas distintas a esa decisión legislativa.
“Se negó formalmente, y así está establecido y no cabe discusión jurídica alguna, la posibilidad de ver la solicitud del señor presidente de la República que el Senado diera un concepto favorable; no lo dio, no existe”, sostuvo Eljach ante los asistentes al evento realizado en Cartagena.
El pronunciamiento del jefe del Ministerio Público marca distancia frente a las versiones del Gobierno Nacional, que ha insistido en la posibilidad de convocar la consulta por decreto, y ha solicitado incluso a la Corte Constitucional una revisión de la legalidad de ese mecanismo.
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Frente a ese escenario, Eljach hizo un llamado a respetar el curso institucional del proceso, ahora en manos del Consejo de Estado. “Está la decisión en manos de los jueces del Consejo de Estado, dejémoslo en tranquilidad, dejémoslo en su serenidad, en su augusta capacidad de resolver nuestros problemas jurídicos y no perturbemos, no contribuyamos a generar un mal ambiente, para que la justicia opere como debe”, declaró.
Las palabras del procurador llegan en medio de la tensión política por la insistencia del presidente Petro en mantener vigente la posibilidad de convocar la consulta popular, a pesar del rechazo que tuvo en el Congreso.
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Llamado
Por otra parte, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, hizo un enfático llamado a la defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto al orden constitucional, en medio de la tensión generada por el presidente Gustavo Petro y su insistencia en publicar el decreto que convoca a una consulta popular sobre la reforma laboral. El pronunciamiento se dio durante su intervención en la edición número 59 de la Convención Bancaria, en Cartagena.
“El equilibrio institucional es el instrumento a través del cual se garantiza que las decisiones respondan al interés general y no por la conveniencia de unos pocos”, sostuvo Ibáñez, tras advertir que el interés general no puede confundirse con el interés de las mayorías.
Recalcó que la democracia constitucional no se limita a un sistema de gobierno, sino que representa un pacto que permite la convivencia pacífica y la garantía de derechos.
El presidente de la Corte advirtió que, aunque en tiempos de estabilidad la defensa de la democracia puede parecer un ejercicio teórico, “en momentos de tensión institucional, se convierte, como hoy, en una necesidad urgente”.
Añadió que la Constitución “no es un texto muerto ni un símbolo vacío, sino la expresión viva de nuestra voluntad de convivir en paz”.
En una crítica directa a discursos polarizantes, afirmó que “las autoridades no están para llamar al odio ni a la división de la sociedad”.
Según el magistrado, la legitimidad de las instituciones no se deriva de la fuerza ni de la popularidad, sino del respeto a los principios que las sostienen: la justicia, la equidad y la defensa de los derechos humanos.
