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La plenaria del Senado de la República se pronunciará sobre el decreto de conmoción interior expedido para atender la difícil situación que se presenta en la zona del Catatumbo por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales.
La comisión accidental que se creó para estudiar esta medida ya tiene listo el informe en el cual se anuncia un apoyo a la adopción de medidas excepcionales para esa región del país, pero también expresa algunos reparos al Gobierno relacionados con la atención de la población.
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En el informe se advierte que “esta crisis humanitaria, amerita una intervención urgente, oportuna y eficaz por parte del Gobierno Nacional, para conjurar la grave situación en la región del Catatumbo, entre tanto la Corte Constitucional en el marco de sus funciones se pronuncie al respecto”.
No obstante, le jala las orejas al Gobierno diciendo que se requiere una mayor presencia del Estado en la región del Catatumbo para atender la grave crisis que se está presentando.
“Es imperativa la presencia articulada del Gobierno Nacional para: (i) direccionar las acciones e inversiones en la región, (ii) brindar apoyo efectivo a las entidades territoriales en esta situación de crisis, (iii) suscribir y poner en marcha el Pacto del Catatumbo coordinado con las autoridades regionales, (iv) garantizar el retorno seguro de la población civil en condiciones de respeto por el derecho humanitario, (v) proteger y reintegrar los bienes de los desplazados, (vi) recuperar el territorio en conflicto; (vii) garantizar el acompañamiento de los órganos de control del Estado y (viii) fortalecer el trabajo de la Fiscalía General de la Nación”, afirman.
El senador Juan Carlos García, coordinador de la comisión, que se creó para evaluar el decreto, afirmó que el Gobierno debe tener una mayor articulación con las entidades territoriales para atender a la población.
“El Gobierno debe implementar de forma inmediata, clara y precisa, la intervención del Estado en el territorio que ha sido lenta, desarticulada, desordenada y con falta de apoyo a las instituciones municipales y departamentalesque han asumido con sus finanzas y sus funciones, casi la totalidad de la crisis humanitaria cuando estamos en un estado que se creó para agilizar y ser más efectivos en la presencia del Estado”, manifestó.
La senadora Lorena Ríos asegura que en el informe que suscribieron dejan claro que si bien no era necesaria una conmoción interior, sin es prudente respaldarla en este momento para atender la grave situación.
“Sabemos que la atención y la problemática de más de 55.000 desplazados del Catatumbo requiere una acción inmediata de parte de todas las instituciones del Estado y una inversión coherente que permita llegar a las mujeres, a los niños y a otras poblaciones”, indicó.
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El senador Alejandro Chacón tuvo una posición más crítica y dejó claro que no le permitirán al Gobierno que suplante las funciones del Congreso en el marco de las medidas legales que se deben sacar adelante para atender el Catatumbo.
“Reconocemos la problemática actual, pero no se pide que se acompañe o se apruebe por las diferencias que hay sobre la necesidad de la convocatoria porque no hay mecanismos reales para atender la crisis, cuando en realidad los ha habido y ojalá no termine siendo un mecanismo para expedir unos decretos que sustituyan al Congreso de la República”, indicó.
En el informe elaborado por la comisión se advierte que no se trata de un aval a la declaratoria de la conmoción interior, porque eso le corresponde a la Corte Constitucional, sino de un pronunciamiento político en favor de las comunidades que han sido afectadas en el Catatumbo por la violencia que allí se presenta.
