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En el Congreso empezará el trámite de un proyecto de ley que busca evitar la excarcelación masiva de más de 30 mil presos que están recluidos en distintas cárceles del país.
Actualmente, la normatividad se basa en la ley 1760 que entra en vigencia en julio y permitiría la liberación de miles de presos que en más de dos años no han definido su situación jurídica.
Precisamente, en el Congreso hubo una reunión entre las distintas bancadas y se definió que se trabajará para evitar la excarcelación. El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, aseguró que la intención es evitar que personas sindicadas por graves delitos salgan a las calles.
“Al ministro de Justicia de la época le faltó más cuidado y un estudio más profundo porque si esa norma, como la radicó el Gobierno el año anterior, hubiera sido más estudiada, no tendríamos hoy el riesgo de que a pocas semanas de que entre en vigencia, salieran alrededor de 30 mil criminales de alta peligrosidad”.
A quien hace referencia el legislador es al ex ministro Yesid Reyes, quien pidió postergar la entrada en vigencia de la norma durante un año, en el caso de los delitos más graves (en los que la excarcelación aplica después de dos años de detención sin fallo), pero para los congresistas falta rigurosidad en esa solicitud.
“La idea es evitar que exista esa excarcelación masiva en unos delitos que preocupan enormemente al país y a la sociedad, como son los delitos de corrupción, los delitos sexuales, los de justicia especializada o cuando haya tres o más indicados en una investigación. El Congreso va a encontrar una solución para que no se presente esa excarcelación masiva de peligrosos delincuentes”.
La iniciativa justo se conoce en medio de la polémica que se generó por la libertad que concedió un juez por falta de términos a José Roberto Vásquez Guantiva, quien estaba preso en la cárcel Picaleña desde noviembre del 2014, fecha en la que se realizó la acusación, y pasaron más de 17 meses sin que se diera el inicio de juicio.
Por eso el senador de Cambio Radical explicó que la iniciativa busca enmendar ese tipo de errores que beneficia a algunas personas que deben pagar una condena, pero que por la cantidad de procesos pueden salir por vencimiento de términos.
“Yo creo que el Congreso no puede aprobar una ley que solamente aplace una vigencia. El Congreso presentará unos aportes y hará modificaciones sustanciales para corregir definitivamente lo que hoy no fue presentando de manera profunda por parte del Gobierno Nacional”, añadió.
Dijo además que los procesos de investigación y acusación toman tiempo y era prácticamente imposible que el aparato judicial y los jueces de ejecución de penas estuvieran preparados para definir en un año la situación de más de 20 mil procesados en todo el país. La iniciativa tendría mensaje de urgencia.
